El presidente de Pescanova se defiende en la Audiencia

Sousa carga contra la CNMV y admite ante el juez "decisiones erróneas"

El escrito dice que la CNMV pretende "exculparse" por la gestión de la crisis de Pescanova

Admite que el grupo no registró "debidamente" ciertos pasivos

Reconoce decisiones que no respondieron a la "buena praxis contable"

Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova.
Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova.

"La rápida restricción del crédito financiero, justo en el momento en el que Pescanova S.A. culminaba un ambicioso plan de expansión, llevó a la compañía y, en particular, a mi mandante a adoptar decisiones erróneas, tanto desde un punto de vista comercial como desde una perspectiva contable-financiero", admite en un escrito presentado ante el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional esta semana por la defensa de Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova. 

En ese escrito, al que ha tenido acceso Cinco Días, los letrados de Fernández Sousa cargan contra la CNMV y su gestión de la crisis de la multinacional gallega sosteniendo que el regulador del mercado ha abierto dos expedientes sancionadores contra el grupo con el fin de ocultar las "dudas sobre su propio comportamiento".

La CNMV suspendió la cotización de Pescanova el viernes 1 de marzo, y levantó la suspensión el lunes 4 de marzo. El 28 de febrero la compañía había dado la primera voz de alarma cuando comunicó que no formulaba las cuentas de 2012. La acción de la compañía, que semanas antes superaba los 17 euros por título, se derrumbó; la CNMV volvió a suspender, por última vez, la cotización del grupo el 12 de marzo, cuando Pescanova cotizaba a 5,91 euros por acción.

En opinión de la defensa del presidente de Pescanova, la suspensión y posterior vuelta a la cotización del grupo entre los días 1 y 4 de marzo decidida por el organismo regulador del mercado fue "cuando menos, temeraria" ya que dejó la cotización "a la deriva, pronta a ser abordada por los especuladores, cosa que mi mandante había tratado de evitar en todo momento". Y sostiene que la apertura de dos expedientes sancionadores por parte de la CNMV "no tienen más contenido material que servir de cauce para la defensa y autoexculpación de la Comisión y de sus responsables", ya que, dice el ecrito, la CNMV "viéndose judicial y mediáticamente cuestionada por el reproche de pasividad, habría decidido abrir de inmediato cuatro expedientes sancionadores contra mi mandante y otros altos directivos de Pescanova".

Aunque el escrito de los abogados de Manuel Fernández Sousa tiene como objetivo rebatir los expendientes abiertos por la CNMV contra él y otros directivos, en el mismo se aportan nuevas apreciaciones sobre las razones de la crisis de la multinacional gallega. La defensa del presidente de Pescanova indica que las decisiones "erróneas" admitidas "no respondieron a una deliberada maquinación fraudulenta, sino que se fueron adoptando en el tiempo en la confianza de que el crédito se iría recuperando, y de que las inversiones comenzarían a generar recursos en breve plazo". Sin embargo, se explica en el documento entregado al juez esta semana, "el crédito no se recuperó y los tiempos para la puesta en valor de las inversiones [cuya rentabilidad a medio plazo nadie cuestiona] se fueron retrasando, todo lo cual fue abriendo una brecha contable cada vez más inmanejable".

Los abogados reconocen que es posible "que estas prácticas -entre las que se encontraba el uso de créditos documentarios como fuente de financiación, los ‘neteos’ contables o la definición de los límites de consolidación del Grupo- pudieran no responder a la buena praxis contable", pero que el presidente de Pescanova "acudió a estos expedientes como única vía posible para conservar unas líneas de financiación que se iban cegando".

También adelantan que la deuda del grupo asciende a 3.056 millones de euros  –la última comunicación oficial sobre el pasivo es la comunicada por Pescanova con motivo de sus resultados del tercer trimestre de 2012, en el que se informa de una deuda de 1.522 millones–, aunque esa cifra posiblemente se verá ajustada por las investigaciones del auditor forense, KPMG, "aunque podemos adelantar que no en un porcentaje muy relevante". Los abogados admiten que "en el pasado se habían presentado determinadas partidas de activos y pasivos por su importe neto; que, a consecuencia de ello, se habían aflorado pasivos que, si bien estaban contabilizados, no estaban debidamente registrados en los balances publicados; y que, en fin, se había corregido el marco o perímetro de consolidación de las empresas del Grupo, incluyendo nuevas entidades". La defensa de Fernández Sousa subraya que estas explicaciones y admisiones muestran que la actitud de colaboración de Pescanova "impulsada por mi mandante, no podía ser más manifiesta".

 

Dos reuniones con la presidenta de la CNMV

Manuel Fernández Sousa ha mantenido dos reuniones con la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, desde el estallido de la crisis de la compañía. De acuerdo al reciente escrito presentado en el juzgado por la defensa del presidente de Pescanova, Fernández Sousa se reunió con Rodríguez los días 20 de marzo y 16 de abril. Los abogados de Fernández Sousa sostienen que la comunicación de Pescanova con el regulador del mercado “fue constante y habitual, no sólo mediante escritos, sino también a través de llamadas telefónicas y, sobre todo, reuniones presenciales donde tanto mi mandante como otros directivos de Pescanova S.A. trasladaron a los responsables de la Comisión, de forma veraz, los avances de la revisión contable”.

Entre esas reuniones se destacan en el escrito presentado al juez “las que mantuvo Manuel Fernández con la Presidenta de la CNMV Elvira Rodríguez Herrer, los días 20 de marzo y 16 de abril de 2013; en ambas reuniones estuvo presente Angel Benito Benito, director general de mercados, y en la segunda también Paulino García Suárez, director de Informes Financieros y Corporativos”.

Los abogados señalan que aparte de tales reuniones “merece la pena destacar la reunión que el Jefe de auditoría y de administración de Pescanova mantuvieron con el Director General de Mercados y otro personal de la CNMV el pasado 10 de abril de 2013”. En su escrito aseguran que hasta ese momento los contactos con la CNMV “habían sido fluidos, normalizados, sin reticencias ni reservas por ninguna de las partes”, pero que a partir de dicha reunión esa fluidez “desapareció tan pronto como la Comisión advirtió la necesidad de defenderse a sí misma”.

Una crisis radiada en comunicados al regulador del mercado

La alarma por la situación de Pescanova saltó el 28 de febrero pasado. Hasta ese momento las acciones del grupo gallego eran recomendadas por todos los analistas y la compañía aparentemente estaba logrando resistir dignamente a la crisis económica. Sin embargo el último día de febrero Pescanova, en un hecho relevante publicado en la CNMV pasadas las 23 horas, advertía de que no formulaba las cuentas de 2012 y de que estudiaba solicitar preconcurso de acreedores, lo que efectivamente hizo al día siguiente.

El 12 de marzo el grupo informó en un hecho relevante publicado por el regulador del mercado que se habían “detectado discrepancias entre nuestra contabilidad y las cifras de deuda bancaria”. Dos días después Pescanova celebró consejo de administración, y aunque la empresa informó de que se había tomado por unanimidad la decisión de reestructurar la deuda, un día después los consejeros del grupo Damm y Luxempart informaron de que no habían apoyado la línea de reestructuración propuesta evidenciando el enfrentamiento interno en el consejo de administración de Pescanova.

El 4 de abril Pescanova celebró otro consejo de administración en el que se decidió, con el voto en contra de varios consejeros, solicitar concurso de acreedores y pedir la revocación del auditor del grupo, BDO. El día 15 de ese mes se comunicó la contratación de KPMG para realizar una auditoría forensic sobre las cuentas del grupo, al tiempo que se conoció que Sousa y otros consejeros del grupo habían vendido acciones de Pescanova poco antes de que se hiciera pública la situación real del grupo.

El 22 de mayo el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó a Sousa admitiendo a trámite tres querellas.

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