La inversión en justicia gratuita disminuye un 9% en 2012, según la Abogacía
El número de abogados adscritos al turno de oficio aumenta un 3% El uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita se incrementa un 49%
La inversión en justicia gratuita se ha reducido en casi 25 millones de euros en los tres últimos años. Las Administraciones Públicas han destinado a la gestión de la asistencia jurídica gratuita y la indemnización de los gastos de infraestructura de los Colegios de Abogados durante 2012 un total de 232 millones, un 8,7% menos que en 2011. Este es uno de los datos que ha destacado hoy en la presentación del VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial La Ley, del grupo Wolters Kluwer. La principal causa de esta merma de recursos es “la dura reducción de baremos que reciben los abogados”, según dicho informe.
Del total de la inversión en 2012, el servicio del turno de oficio ha absorbido el 66% (154,7 millones de euros); el de asistencia letrada al detenido, el 20% (48 millones), y el de violencia de género, el 4%(nueve millones).
En cuanto al número de abogados adscritos al turno de oficio, en 2012 había en España más de 39.000 profesionales, lo que supone un aumento del 3,4% con respecto a 2011. Según el sondeo elaborado por Metroscopia sobre el perfil sociopersonal de dichos abogados, “ni son jóvenes ni inexpertos”, ya que el 39% tiene más de 45 años y solo el 14% tiene menos de 35. Además, el 47% cuenta con una experiencia profesional de entre 10 y 20 años.
Por otro lado, el uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita (EEJG) ha continuado incrementándose, con un aumento del 48,60% en un año. Ya lo utilizan un total 371.673 ciudadanos. Esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española, “agiliza el acceso a un derecho fundamental como es la justicia gratuita”, ha explicado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.
Y, por último, un comité de expertos se ha pronunciado respecto al Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita. Han planteado su rechazo a algunas medidas como el hecho de que determinados colectivos, como las víctimas del terrorismo tengan derecho a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos económicos.