El Gobierno detecta 6.000 normas que vulneran la unidad de mercado
De ellas, 1.700 son de ámbito estatal Andalucía y Cataluña son las únicas regiones que se han opuesto a la ley
La maraña legislativa creada a raíz de la libertad ofrecida a Estado, autonomías y municipios ha provocado que en la actualidad haya más de 6.000 normas (1.700 de ellas estatales) en 28 sectores diferentes que impiden la libre circulación de bienes y servicios. Así sucede, por ejemplo, cuando una empresa es obligada a tener sede física en una localidad determinada para poder presentarse a un concurso público, o cuando una compañía editorial edita un periódico con un encarte y tiene que pedir 17 permisos, uno por cada comunidad autónoma.
Para tratar de evitar estas situaciones surrealistas, el proyecto está basado en el principio de licencia única al permitir que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales. “Se basa en un principio de confianza mutua”, aseguró el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “En España existe una fragmentación de mercado por la regulación que afecta sobre todo a pymes. La nueva norma favorece la actividad empresarial y pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de eliminar la regulación inútil que lastra la competitividad y dificulta la inversión extranjera en España”.
En concreto, una vez se apruebe, las empresas tendrán que pedir una sola licencia en una comunidad autónoma, y a partir de ahí podrán comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad, pero, sin embargo, tendrán que atender, al igual que sucede en el resto de vecinos europeos, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.
Para evitar que un empresario o un particular encuentre obstáculos para la libre circulación de los bienes que vende o los servicios que presta, el proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, actuará en dos direcciones. Por un lado, el Ejecutivo trasladará a las conferencias sectoriales que mantenga con comunidades y ayuntamientos la necesidad de modificar esas normas con el fin de homogeneizarlas. Por el otro, y quizá es el aspecto más novedoso de la norma, establece los mecanismos para que un particular o una empresa que vea interrumpida su actividad normal pueda acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) para que esta a su vez recurra ante la Audiencia Nacional cualquier acto que vulnere la unidad de mercado. Esta comisión contará con un plazo máximo de cinco días para dar una respuesta positiva o negativa respecto a la reclamación. En caso afirmativo, la CNMC elevará el recurso y en caso de que sea admitido a trámite, la norma recurrida podrá ser suspendida durante un periodo mínimo de tres meses. Además de estos dos mecanismos, la normativa contempla también la creación del Consejo de Unidad de Mercado. Este organismo, que estará presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se encargará de supervisar la implementación de la ley y elaborar un informe anual.
Este proyecto creó un fuerte revuelo entre las comunidades autónomas ante la invasión de competencias, aunque en el trámite de audiencia pública tan solo Cataluña y Andalucía se han opuesto a la norma. El Ejecutivo considera incomprensible el rechazo de Cataluña cuando, según sus cálculos sería la una de las que más se aproveche. “Las más beneficiadas por la unidad de mercado serán las que tienen un sector industrial y un sector servicios más potentes”, apuntaron fuentes de Economía. Cataluña supone el 23,4% del PIB industrial, el 20,3% del comercio, transporte y hostelería y el 18,9% del PIB nacional.
