Teconsa, el largo camino hacia la liquidación
La familia Martínez Núñez traspasó la compañía a Ángel de Cabo en 2009 El grupo está todavía pendiente de lograr convenio de acreedores De Cabo ha administrado Teconsa hasta su entrada en prisión, en diciembre
"Quebrar” dice el señor Grandet “es un robo que la ley desgraciadamente protege”. El avaro personaje de Eugenia Grandet, la novela publicada por Honore de Balzac en 1833, cree que el “salteador de caminos es preferible al que hace una bancarrota; aquél ataca, puede uno defenderse, y se expone a perder la cabeza, pero el otro...”.
Al igual que el viejo tío Grandet en la Francia del siglo XIX, Ángel de Cabo hizo fortuna en la España del siglo XXI aprovechándose del infortunio de otros. Acordaba con propietarios de empresas en concurso hacerse cargo del proceso y echarse a las espaldas el descrédito que puede suponer quebrar una compañía. Gracias a esta actividad, denunciada por varios de aquellos pequeños empresarios, De Cabo se montó en el euro.
Pero en 2009, después de años breándose en suspensiones de pagos menores, Ángel de Cabo decidió dar el salto. El empresario valenciano acordó con la familia propietaria de Teconsa, controlada por José Martínez Núñez y sus hijos, José Luis y María Isabel Martínez Parra, hacerse cargo de la constructora. Ya iba siendo hora de que Ángel de Cabo, antiguo fontanero, amante de los buenos coches, los buenos puros, los buenos restaurantes, se codease con empresarios de postín.
Teconsa, con fuerte implantación en Castilla-León, Galicia y Madrid, había llegado a registrar en 2007 un volumen de negocio de 427 millones y un beneficio de 9,9 millones. Pero había alcanzado un elevado nivel de deuda coincidiendo con la crisis financiera, el estallido de la burbuja inmobiliaria y el parón de la obra pública en España. Al término de 2007 sólo la deuda con proveedores ascendía a 296 millones. Además la compañía se había visto salpicada por el caso Gürtel, relacionada con supuestos pagos al entorno del principal imputado, Francisco Correa.
En julio de 2009, 650 empleados denunciaron el impago de nóminas y dos meses antes un grupo de acreedores instó el concurso de la empresa. A Teconsa no le quedaba más remedio que reconocer su insolvencia, pero al hacerlo ¿iba a perder la familia Martínez Núñez todo por lo que había luchado durante medio siglo? Un hombre podía evitarlo.
Martínez Núñez traspasó Teconsa a finales de 2009 a una sociedad de Ángel de Cabo prácticamente al mismo tiempo que solicitaba su entrada en concurso de acreedores.
Después de Teconsa vinieron Marsans y Nueva Rumasa. La misma fórmula que en Teconsa empleó De Cabo para hacerse con Marsans a mediados de 2010 –negoció la adquisición de la compañía con Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual y seguidamente pidió concurso– y con el grupo de los Ruiz-Mateos en septiembre de 2011.
El gran salto resultó ser el gran salto al vacío. Mientras que De Cabo y Díaz-Ferrán eran investigados por la policía en el marco de la Operación Crucero, que perseguía presuntos delitos relacionados con Marsans, unidades policiales gallegas estaban al acecho del equipo de De Cabo en la llamada Operación Caballo de Troya, que seguía presuntos delitos relacionados con Teconsa.
Las conversaciones captadas en Troya, que culminó en febrero con la detencion de 15 personas, sugieren que Ángel de Cabo, que dos meses antes había sido conducido a prisión junto con Díaz-Ferrán por la Operación Crucero, actuó como mero testaferro de la familia Martínez Núñez para evitar que las propiedades de estos y sus empresas acabaran en manos de los acreedores. En una de esas conversaciones telefónicas grabadas un colaborador de De Cabo advierte tras la detención del empresario valenciano, en diciembre: “Como salte Teconsa se va a liar la de Dios (...) [Ángel de Cabo] va a poner el ventilador y va a salpicar a todo el mundo”.
Hoy Marsans está en liquidación, lo mismo que varias de las sociedades que componían Nueva Rumasa, de la familia Ruiz-Mateos. De Cabo ha sido apartado de la mayoría de las empresas adquiridas. Y sin embargo en Teconsa el empresario valenciano se ha mantenido como administrador hasta que fue conducido a prisión.
La constructora sigue en concurso de acreedores, a pesar de que ya en 2010 en un primer informe de la administración concursal se indicó que el grupo estaba “abocado” a la liquidación. La administración concursal ha tratado de negociar un convenio de acreedores pero el daño reputacional que para los bancos puede suponer salvar Teconsa, entre otras razones, hace prácticamente inviable el convenio.
El juez pide información adicional en el concurso
Jesús Alemany Eguidazu, juez del mercantil número tres de Madrid, a cargo del concurso de Teconsa desde este año en sustitución de Antonio Pedreira González, ha requerido a la administración concursal de la constructora, en una providencia a la que ha tenido acceso CincoDías, información adicional a la que hasta ahora ha remitido.
El magistrado lo requiere después de que se haya declarado culpable el concurso de Marsans y de que se estén instruyendo “en vía penal y por varios juzgados diligencias en relación con operaciones” de De Cabo. El juez advierte de que se han “adoptado medidas cautelares también contra personas que igualmente fueron administradoras de Teconsa, que eventualmente podrían verse afectadas por la calificación del concurso”.
Además pide información sobre dos operaciones de la constructora. Una se refiere a la enajenación de las participaciones de la filial Gallega de Molienda de Clinker.
Esta empresa acordó entre 2004 y 2007 ampliaciones de capital a través de las cuales otra firma, Promociones Inmobiliarias Pacrard, suscribió participaciones por 21 millones, según consta en parte del sumario de la Operación Troya.
Promociones Inmobiliarias Pacrard fue constituida por José Ramón Blanco Balín. La policía recuerda que Blanco Balín es “uno de los presuntos autores intelectuales de la trama Gürtel por lo que se puede inferir que la financiación hasta el año 2007 de Gallega Molienda de Clinker procedería, presuntamente, a través de este entramado societario de la mencionada trama ilícita del caso Gürtel”. La policía dice que era Teconsa la que estaría controlando indirectamente Gallega de Molienda de Clinker “financiando presuntamente los desembolsos necesarios para la instalación y desarrollo de una planta cementera mediante fondos ilícitos” de Gürtel.