Industrias Cárnicas Vilaró compró con ese crédito el matadero de Mollerusa

ICV no contabilizó un crédito de 11,5 millones de la Generalitat

Industrias Cárnicas Vilaró (ICV) adquirió en 2008 el matadero de Mollerussa, en Lérida, mediante un crédito hipotecario de 11,5 millones concedido de forma sindicada por el Institut Català de Finances (ICF) y el Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), tanto para la compra como para la adecuación del matadero. Cárnicas Vilaró, que llegó a ser la primera exportadora de carne porcina en España, se declaró en concurso en 2010 y hoy está en liquidación.

En su informe de calificación la administración concursal de ICV –que solicita que el concurso sea declarado culpable y que el primer ejecutivo de la compañía, Javier Frade Gobeo, sea condenado a pagar 19,4 millones e inhabilitado para administrar bienes ajenos durante 15 años– llama la atención sobre la adquisición del matadero de Mollerussa.

Los administradores nombrados por el juez advierten de que ICV “no anotó en la contabilidad la existencia” del crédito de 11,5 millones, “como reflejan los auditores en su informe del ejercicio 2009” y que la deuda afloró en 2010 “como consecuencia del procedimiento concursal”.

Además revelan que en la contabilidad de ICV aparece como precio de esta compra el importe de 7,7 millones, “sin embargo en la escritura de compra aparece como precio el importe de 7,2 millones”. Los administradores indican que no se ha podido “obtener de la contabilidad la causa que justifique ese diferencial de 0,5 millones”.

También advierten de que en la compra de Mollerussa se llevaron a cabo operaciones relacionadas con una tercera firma, KU Gelesada. La administración concursal “considera que existen indicios de la salida fraudulenta del patrimonio de la concursada de bienes por importe de 0,89 millones de euros, al no haberse producido la devolución por parte de KU Gelesada a ICV del 80% de la base imponible de la factura que cobró del ICF”. Dicha factura había sido presentada por el organismo catalán “para su cobro y posteriormente aparece abonada internamente entre ICV y KU Gelesada”.

Desde el despacho Frade Gobeo, de Iñaki Frade, hermano del administrador de Industrias Cárnicas Vilaró, se indicó a este diario que en relación al crédito generado por la compra del matadero de Mollerussa “es incierto que no esté registrado en la contabilidad de la empresa”. El bufete asegura que en ningún caso el crédito “aflora” con las comunicaciones de créditos realizadas por los acreedores. En cuanto a la diferencia entre el precio de compra del Matadero y el precio registrado en la contabilidad, Frade Gobeo señala que el importe incluye gastos adicionales y que “es obvio que son los gastos en que se incurrieron para la realización de la compraventa véase impuestos, registro, notarios...”.

El despacho que representa a Javier Frade Gobeo declaró a este diario que el informe de calificación “es incierto” y “falto de objetividad”. El bufete asegura que confía en “poder rebatir la totalidad de su contenido puesto que descontextualiza los hechos, no aportando la realidad de los mismos como se acreditará en el momento procesal oportuno”.

ICF recuperó el 50% del crédito

El Institut Català de Finances (ICF) fue creado en 1985 y tiene como accionista único a la Generalitat, aunque es un organismo dotado de autonomía. El ICF “funciona con la normativa de Banco de España”, explican en el organismo.

Sobre la operación de financiación de compra del matadero de Mollerussa el ICF, que hace dos años absorbió al Institut Català de Crèdit Agrari, indicó a través del gabinete de prensa que los recursos “se destinaron a la finalidad acordada, el desembolso se hizo a los proveedores”. Y añaden que el 50% del crédito fue recuperado vía subrogación a otra compañía que después compró Mollerussa. El resto de la deuda figura como crédito privilegiado en el concurso de ICV.

Querella criminal contra Frade de ocho bancos

Ocho de los bancos acreedores de Industrias Cárnicas Vilaró presentaron querella criminal contra Javier Frade Gobeo, administrador de hecho de la compañía, y otros directivos en 2011.
Banco Pastor, Deutsche Bank, Novacaixagalicia, Caja Duero, Bankpime, Banesto, Fortis Bank y Caixa Catalunya denuncian que “con la creación de facturas de proveedores ficticios, los querellados lograban que las entidades bancarias anticiparan el pago a los proveedores que posteriormente transferían este capital a las sociedades ficticias que figuraban como librados de pagarés cedidos por Industrias Cárnicas Vilaró, cubriendo de este modo el engaño”.

En la querella se afirma que esta operativa siguió funcionando “hasta que a partir de un momento dado todas las sociedades ficticias dejaron de atender a los pagos, descubriéndose el fraude orquestado”.

Fuentes cercanas a las entidades financieras explican que la querella presentada “sigue viva a pesar de que la defensa de Frade Gobeo ha pedido el sobreseimiento” y que ya se ha tomado declaración a los querellados. Señalan que en la actualidad se está a la espera de la presentación de un informe pericial encargado sobre los motivos del concurso.

La demanda de las entidades financieras está sustentada en un primer informe presentado por la administración nombrada por el juez en el concurso de la compañía. Recientemente las partes afectadas por el concurso de ICV han recibido el informe de calificación de la administración concursal, en el que se solicita la declaración de concurso culpable y que Javier Frade Gobeo sea inhabilitado para administrar empresas durante 15 años y condenado a pagar 19,4 millones de euros.

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