La compañía, el mayor exportador de carne porcina de España, está en liquidación

Cárnicas Vilaró traspasó 75 millones a otras sociedades antes de ir a concurso

La administración concursal pide que Javier Frade sea condenado al pago de 19 millones

Cárnicas Vilaró llegó a emplear a 600 personas y hoy está en liquidación

Industrias Cárnicas Vilaró (ICV) pasaba por ser la primera compañía exportadora de carne porcina de España. La empresa de Girona empleaba a más de 600 personas y facturaba más de 200 millones (según sus últimas cuentas depositadas en Registro Mercantil, año 2008). Pero el grupo se declaró en concurso de acreedores en 2010, no logró aprobar convenio y el pasado año se inició su liquidación. Los acreedores han recibido recientemente el informe de calificación elaborado por la administración concursal nombrada por el juez, en el que piden que sea declarado culpable. Las razones que exponen los administradores para explicar la suspensión de pagos de ICV sugieren un fraude millonario.

De acuerdo al informe de calificación, que aunque fue concluido a finales del pasado año no ha sido enviado a las partes hasta hace unas semanas –“atasco en los juzgados”, dicen las fuentes consultadas”– y al que ha accedido este diario, hubo una salida de activos de ICV “a favor de terceros por importe de 75 millones de euros”. 

Dicha cantidad fue traspasada a sociedades que la administración concursal distingue en dos grupos. En uno aparecen ocho sociedades que ICV clasificó como deudoras y que debían 24,7 millones al grupo cárnico. En otro grupo aparecen siete sociedades que ICV clasificaba como acreedoras y que debían 50,8 millones.

 Estas firmas, explica la administración concursal, participaban en la operativa financiera que ICV denominaba “de compra y venta de derechos sobre mercancía”, mediante la cual ICV vendía derechos a empresas de esos grupos que luego recompraba.

Las sociedades de los dos grupos carecen de estructura operativa “y no consta que tengan presencia en el sector porcino expceto para ICV”. Ninguna de estas 15 sociedades cuenta con empleados. En cuatro de estas firmas aparece como administrador Pedro Galán, condenado el pasado año a un año y seis meses de prisión por un delito de falsificación de documento mercantil.
Los administradores afirman en su informe que esta operativa está “fuera de toda lógica de mercado”, ya que “en estas operaciones triangulares y cerradas, el posible beneficio de una sociedad debía comportar pérdidas para la siguiente, de forma que ICV al ser la sociedad de cierre es la que debía acumular las pérdidas finales de la triangulación”.

Según el informe, ICV hacía frente a los pagos de operaciones periódicas (salarios, proveedores, impuestos...) mediante un aumento de tesorería. “Sin embargo este flujo de caja no provenía de la cuenta de explotación de la compañía (...) sino del resultado de la operativa financiera atípica de la compraventa de derechos, que era sostenible gracias a la financiación externa de entidades financieras y proveedores”. Gracias a esta operativa ICV lograba disponer de medios para atender sus obligaciones, pero “la deuda empezó a crecer de forma relevante para cubrir las pérdidas”, hasta que en 2010 se declaró en concurso. 

Los administradores manifiestan que ya en el año 2008 “la concursada debía conocer su situación de insolvencia” y que es en ese año cuándo se adoptan “medidas apresuradas” incrementando las operaciones de venta de derechos y trasladando la carga financiera a bancos y acreedores. 
El informe concluye que en 2008 “la concursada realizó actividades de financiación irregular con el objetivo de dilatar el momento de aflorar la situación de insolvencia”. Y añade que la “proliferación de las operaciones de venta de derechos anotadas como ventas reales” modificó “la imagen fiel de la empresa y evidentemente puede inducir a la confusión de terceros que tienen confianza en los balances que les facilita la concursada y que, caso de conocer la auténtica realidad patrimonial, tal vez no hubiesen contratado con la misma nuevas operaciones”.

Piden contra Javier Frade 15 años de inhabilitación y 19 millones

Los administradores concursales de Industrias Cárnicas Vilaró solicitan al juez que el concurso sea declarado culpable y que Javier Frade Gobeo, administrador de hecho de la compañía, inhabilitado para administrar bienes ajenos durante 15 años “ante la gravedad de los hechos en los que ha intervenido”. Requieren que Frade sea condenado a indemnizar a la concursada con 19,4 millones.

También requieren que se inhabilite a Dolores Arroyo Romero para administrar bienes ajenos durante 10 años. Arroyo Romero ocupó el cargo de administradora de derecho de ICV desde 2001 hasta julio de 2010. “Al tratarse de una administradora que no ha intervenido directamente en los actos que fundan la presente calificación del concurso como culpable, consideramos que no corresponde exigirle ninguna indemnización pecunaria”, dice el informe de calificación. 

Los administradores afirman que la operativa financiera de Industrias Cárnicas Vilaró aplicada por Frade Gobeo “ha agravado la insolvencia de la concursada en 17,9 millones”. También afirman que hubo una “salida fraudulenta” de bienes de ICV respecto a la sociedad KU Gelesada por lo que proponen que se condene a Frade a indemnizar a la concursada con 0,89 millones.
Además detectan otra “salida fraudulenta de bienes” respecto a la empresa Minversa por lo que proponen que Frade indemnice a ICV con 0,54 millones “atendiendo a que el señor Frade Gobeo por sus funciones de administración en ambas pudo distraer de la contabilidad de la concursada esta deuda en beneficio de Minversa, que ya no aparecía como deudora”.

Los pagos responden a “operaciones ordinarias”

Cinco Días se puso en contacto con Javier Frade, administrador de hecho de Industrias Cárnicas Vilaró, la pasada semana. El despacho que representa sus intereses, Frade Gobeo, dirigido por Iñaki Frade, hermano del primer ejecutivo de Industrias Cárnicas Vilaró, atendió la llamada de este diario y accedió a enviar por correo electrónico respuestas a cuestiones planteadas en el informe de calificación de la administración concursal.

El despacho subraya que en el informe de calificación “no se han detectado actos recogidos referidos a alzamiento de bienes o realización de actos que retrasen, dificulten o impidan la eficacia de un embargo”. “Más aún,” añade, “los pagos realizados se corresponden a operaciones ordinarias”. El bufete explica que las sociedades que adquirían derechos sobre mercancías “eran traders, las cuales normalmente no tienen empleados puesto que es el propio administrador quien gestiona la compañía”, e indica que es “incierto que no tengan datos registrales relevantes cuando están debidamente inscritas”. 

La calificación de fuerte endeudamiento “de una empresa debe ser avalada por un análisis financiero de la estructura del balance de la empresa que si se realiza en este caso era acorde con las dimensiones de la empresa”, afirma el despacho Frade Gobeo. 

Sobre la presencia como administrador de una de estas sociedades del señor Pedro Galán, condenado a un año y medio de prisión en 2012 por delito de falsificación de documentación mercantil, el despacho señala que desconoce dicha condena pero que “en todo caso, es irrelevante para la calificación del concurso” y que Galán “representaba a una sociedad cliente que está al corriente de sus pagos con la compañía”.

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