La banca debe crear un fondo de 20.000 millones para futuros rescates
La patronal europea del sector bancario criticó ayer con dureza el acuerdo del Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE) sobre el proyecto de directiva de reestructuración y resolución de entidades financieras en dificultades. La Federación Bancaria Europea (FBE) considera que el texto pactado permite demasiada flexibilidad a las autoridades nacionales para gestionar los rescates, lo que obligará al sector a dotarse de fondos preventivos multimillonarios.
La directiva establece la obligación de crear en cada país un fondo de resolución alimentado por las aportaciones de las entidades. El proyecto inicial de la Comisión Europea, aprobado en junio del año pasado, exigía que ese fondo alcanzara una cifra equivalente al menos al 0,5% de los depósitos cubiertos en cada país. El acuerdo del Ecofin ha elevado ese umbral tres décimas para compensar el margen de flexibilidad ofrecido a los Gobiernos. Y a ello deberá añadirse la dotación del fondo de garantía de depósitos, que según otro directivo de directiva en negociación debe alcanzar también el 0,5% de los depósitos. En España se calcula que más del 95% del ahorro a plazo están por debajo de los 100.000 euros.
En total, el sector deberá inmovilizar en cada país de manera preventiva una cifra equivalente al 1,3% de los depósitos, lo que en España, con unos depósitos que rozan el billón y medio de euros, supondrá más de 19.000 millones de euros. Y la puja no ha terminado, porque el Parlamento Europeo, según el sector desea elevar hasta el 1,5% el fondo de resolución, lo que unido al de garantías sumaría un 2%.
Plazo de 10 años
El proyecto de directiva aprobado ayer ofrece a las entidades 10 años para dotar el nuevo fondo. Pero Bruselas advierte que si durante ese periodo se produce algún percance bancario, el sector del país afectado deberá hacer una derrama si el fondo aún no cuenta con recursos suficientes.
La Federación Bancaria calificó ayer de “arbitrario” el incremento del umbral del 0,5% al 0,8% y señaló que muchos de sus miembros viven “con ansiedad” el nuevo objetivo. La patronal pide a las instituciones europeas que lleven a cabo un estudio de impacto para verificar las posibles consecuencias que tendrá la medida sobre el crecimiento, “pues cabe esperar que la financiación tan esperada por la economía real se tenga que desviar hacia el fondo de resolución”.
Muchos países ni siquiera disponen todavía de fondo de garantía de depósitos. Y otro, como España, cuentan con él pero está casi exhausto tras cinco años de crisis financiera.
Bruselas, sin embargo, se ha propuesto reducir al máximo el riesgo futuro para el contribuyente europeo, que a lo largo de esta crisis ha aportado al sector 1,3 billones de euros entre avales e inyecciones de capital.
Para lograrlo, la nueva directiva sienta el principio general de autorrescate del sector con una escala de pérdidas que deberá aplicarse en todos los países.
Los primeros en sufrir las quitas serán los accionistas de la entidad que sufre problemas de solvencia. A continuación el llamado capital híbrido, como los convertibles. Y en tercer lugar, la deuda júnior, tristemente famosa en España por el caso de las preferentes.
A partir de ese tercer escalón, la Comisión Europea podría autorizar la entrada de capital público. Pero el objetivo de la directiva es que las pérdidas sigan descendiendo. Primero a los bonistas sénior y a los depósitos de más de 100.000 euros que pertenezcan a grandes empresas. Y por último, a esos mismos depósitos pertenecientes a particulares y pymes.
