El Gobierno quita importancia a la supresión de organismos autonómicos
El Gobierno quita importancia a la negativa de algunas comunidades de suprimir organismos autonómicos y asegura que esta medida solo representa una parte mínima del ahorro previsto en el informe para la reforma de la Administración.
El subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez de Renovales, ha lamentado hoy que el foco mediático de la reforma de la Administración se haya centrado en la negativa de algunas comunidades a suprimir órganos autonómicos como los defensores del pueblo o los tribunales de cuenta. Renovales, durante un acto organizado por el IESE, ha señalado que el informe del Ejecutivo recomienda eliminar entes autonómicos que ya existen a nivel estatal, sin embargo, ha recordado que ello solo supone entre un 5% y un 10% del ahorro previsto en el estudio para la reforma de la Administración que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes.
En este sentido, Renovales ha indicado que comunidades y ayuntamientos ya han realizado un importante esfuerzo presupuestario y se ha mostrado convencido de que, si siguen la misma senda, las Administraciones territoriales aplicarán el 90% de las medidas previstas. Renovales rechazó que las críticas de la Generalitat, que acusa al Ejecutivo de llevar a cabo una política recentralizadora. El subsecretario de Presidencia aseguró que todas las medidas incluidas en el informe parte están plenamente justificadas por razones de ahorro y eficiencia. Así, se mostró convencido de que “se impondrá el sentido común” y comunidades y ayuntamientos se sumarán a la reforma de la Administración. Para Renovales, resulta imprescindible que los niveles territoriales se involucren en el proyecto. Y recordó que las comunidades ya han iniciado el proceso para suprimir 708 empresas públicas, lo que supondrá un ahorro de 1.500 millones.
El informe, que contiene 253 páginas, hace especial hincapié en la necesidad de eliminar duplicidades y de mejorar las relaciones entre la Administración y el ciudadano. Está previsto que se implante la factura electrónica que, según el Gobierno, acabará con la posibilidad de que ayuntamientos y comunidades escondan deudas comerciales en los cajones.
