Así será el nuevo registro público de inquilinos morosos
El fichero incluirá las deudas ciertas reconocidas por jueces o árbitros Los arrendatarios deberán ser informados de que son incluidos en la lista
Para evitar equívocos, lo primero que conviene aclarar es que se trata de un registro público porque no costará nada su consulta y estará gestionado por la Administración. Pero no quiere decir que a él pueda acceder cualquiera. ¿Cómo funcionará? ¿Cuál es el objetivo que persigue? ¿A qué se refiere la Administración con el término inquilino moroso?
Fuentes de Fomento explican a CincoDías que se están diseñando todos los pasos a seguir, así como los equipamientos tecnológicos necesarios para poner en marcha el registro, aunque todavía no hay fecha para que comience a operar. “El objetivo es aumentar la seguridad del arrendador o propietario que decide alquilar su vivienda, local o cualquier otra clase de inmueble. Es crucial que pueda conocer si la persona con la que va a firmar un contrato tiene o no alguna sentencia firme en la que resulte condenado por impago de rentas”, aseguran dichas fuentes.
Esa es una de las premisas fundamentales que cumplirá el nuevo registro. Los inquilinos serán incluidos en ese fichero siempre y cuando sean titulares de una “deuda cierta vencida exigible y su impago haya sido reconocido o bien por un juzgado o por un árbitro porque las partes hayan acudido a un arbitraje”, indican fuentes oficiales.
Otro de los requisitos que deberán cumplir esas deudas es que no tengan una antigüedad de más de seis años. Es decir, que no haya transcurrido más de ese tiempo desde la fecha en la que tenía que haberse hecho efectivo el pago.
Protección de datos
Esos y no otros serán, por lo tanto, los inquilinos morosos que compondrán el nuevo registro público al que solo podrán acceder aquellas personas físicas o jurídicas que “tengan un interés legítimo en obtener esa información”. Dicho de otro modo, quienes comuniquen que quieren consultar el registro deberán acreditar que van a alquilar un inmueble y desean conocer si su potencial inquilino es solvente y fiable. Con toda esta sucesión de garantías, tanto para caseros como para inquilinos, se trata de respetar la Ley de Protección de Datos y de ofrecer al mercado información veraz.
Ese acceso será en todos los casos gratuito, según confirman desde Fomento y los inquilinos que sean incluidos como morosos tendrán derecho a saber que forman parte de ese registro. ¿Conseguirá este mecanismo frenar la proliferación de los denominados morosos profesionales? Se trata de auténticos especialistas en apurar los plazos legales de manera que van enlazando un alquiler con otro hasta conseguir vivir en varias casas a lo largo de los años sin pagar apenas renta. Como además suelen burlar los pocos mecanismos que existen para ficharles, los caseros les alquilan una vivienda sin conocer su experiencia en dejar cuantiosas deudas pendientes.
Desde Fomento insisten en que quienes se dedican a no pagar por sistema “lo tendrán cada vez más difícil”. Sin embargo, algunas empresas del sector discrepan de esta opinión. Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), único registro privado que existe a nivel nacional, asegura que el sistema que propugna Fomento solo podrá recoger como máximo un 10% de toda la morosidad que existe en el alquiler y no aquellos casos en los que antes de concluir el proceso judicial propietario e inquilino llegan a un acuerdo.
“Por ello, nosotros no solo incluimos en nuestro fichero las sentencias firmes, sino que damos a los propietarios la oportunidad de inscribir a los inquilinos que no paguen, previa confirmación de la deuda”, asegura Cardona. Además, recomiendan a los caseros firmar un documento de seguridad por el que advierten al arrendatario que si deja de pagar de manera injustificada, pasará a formar parte del fichero. El FIM cobra a quienes quieran consultar su base de datos 9,90 euros más IVA y ofrece precios más bajos por consultas múltiples.
Necesaria depuración de las estadísticas
Mercado de alquiler continúa siendo sinónimo de oscurantismo por la falta de estadísticas oficiales sobre precios, número de viviendas en este régimen o grado de ocupación, entre otras variables. Además, el hecho de que no existan numerosas empresas que se dedican a intermediar en los arrendamientos de manera profesional dificulta esa deseada transparencia.
Pasa un poco lo mismo con las cifras relativas a los desahucios. Hasta ahora el único organismo que disponía de cifras sobre cuántos procesos de lanzamiento o desahucio se dictaban al año era el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque los expertos dicen que hay que depurar mucho esos números. En 2012, el número total de lanzamientos alcanzó los 101.034. De ellos, 43.853 correspondieron al impago de hipotecas y otros 54.718 fueron lanzamientos de alquileres.
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