El Foco

La sanidad pública en Almoneda

La externalización de la gestión de la última tanda de los hospitales de Madrid forma parte del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. De nuevo terminología maquillada como soporte del cinismo político, porque la verdadera intención es desmantelar la sanidad pública.

Capio Sanidad (ahora IDC Salud), Ribera Salud, Sanitas Hospitales, Hospitales de Madrid y Grupo Hospitales Quirón, S.A. han sonado insistentemente como empresas interesadas en la privatización de los seis hospitales de la Comunidad de Madrid y los 27 Centros de Salud a concurso. ¿Qué valoran en los pliegos de condiciones? Pues, en líneas generales, saber cuál es la elasticidad que ofrecen para hacer recortes y calibrar sinergias con sus activos y operatividad actual. Por descontado, cuenta el pago por cápita y el número de habitantes asignados, la obligatoriedad o no de quedarse con el personal funcionario y del resto en las mismas condiciones y costes laborales, si limitan su cartera de servicios y tienen que derivar a otros centros públicos a pacientes complejos, pero no lo pueden hacer a sus propios hospitales -con lo que se incrementaría la facturación inter-centros-, y tener la opción de controlar tanto la asistencia primaria como la alta especialidad hospitalaria, porque perder en algún punto el seguimiento del paciente es, en esa misma medida, despistarse en los gastos que éste le supone. La cuenta de resultados obliga a cuantificar todas las etapas del proceso productivo.

Valoran la elasticidad para hacer recortes y calibrar sinergias con sus activos y operatividad actual

Con estos mimbres se entiende mejor el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, que jubila tempranamente a 700 médicos y no renueva contratos eventuales, haciendo una parte del trabajo sucio a las empresas adjudicatarias que aligeran así las cargas laborales de los hospitales.

Hace años que la gestión de nuestra sanidad viene siendo objeto de deseo por parte de los fondos de inversión y de capital riesgo, en contraste, por ejemplo, con su apuesta en empresas de biotecnología, una inversión más acorde a su función y socialmente más necesaria por el descenso de las ayudas públicas a este sector. Evidentemente, entrar en la gestión de los hospitales públicos supone contabilizar clientela y ganancias seguras, sin riesgos para los dividendos de sus partícipes. Lástima que una parte de nuestro PIB se destina de esta manera a pagar unos beneficios que podrían haber supuesto un ahorro para el Estado, o bien revertir en el propio sistema.

Además de culpar a la crisis, la justificación de la privatización alude a un supuesto sobrecoste por cama en los hospitales de titularidad pública, cosa que no está demostrada. Más bien al contrario, en Madrid ese coste fue de 277.375 €, frente a los 424.920 de la sanidad privada. Echamos en falta cifras más concretas y exhaustivas, así como un debate público y en la Asamblea de Madrid de éste y de otros muchos aspectos relacionados con las decisiones tomadas. España dedica un 6,1 % de su PIB a la sanidad, por debajo de Alemania, Francia o Italia, y también la asistencia es más barata que la media de países de la OCDE, aunque, curiosamente, estamos entre los que más gastan en medicamentos.

Sin entrar en las discrepancias de cuantificación de la cápita, hay datos estadísticos que tienen que ver con la actualización del censo, la estratificación social, la composición de la población asistida por edades, la penetración o cuota de las sociedades médicas privadas, etc., que no hemos visto considerados en ningún estudio y que podrían hacer variar considerablemente las cantidades asignadas. Queremos suponer que se ha solicitado a profesionales independientes un dictamen sobre los rendimientos y ratings económicos de funcionamiento de cada unidad hospitalaria a privatizar, y que se han ponderado todas las variables para la fijación de la cápita, mediante el debate con la oposición política y la comunidad sanitaria.

Hace años que la sanidad viene siendo objeto de deseo de los fondos de inversión y de capital riesgo

Con todo, hay otra clave interesante que desvelar. Son conocidas las relaciones de vecindad entre la industria farmacéutica, la tecnología y aparatología sanitaria, las empresas de la sanidad privada y las organizaciones sanitarias patronales. Coinciden en numerosos congresos, son muy frecuentes las reuniones periódicas y los almuerzos de confraternización, así como la promoción y financiación de actos y viajes que buscan la orientación y el comportamiento correcto de las élites que forman el nutrido mundo de la sanidad. El lobby de los grandes laboratorios farmacéuticos destaca entre el resto de sectores y constituye uno de los mayores grupos de influencia en Bruselas. Esta alianza estratégica busca lograr las máximas sinergias y posibilidades de facturación del mercado (léase transeúntes) y, nuevamente, eso se consigue mejor controlando todo el tinglado. Así, por ejemplo, se pueden fabricar más vacunas de las necesarias (previa destilación de opiniones e influencias), incrementar la cápita a pagar por habitante (ya estamos convencidos de que el gasto sanitario crece inexorablemente) o planificar una obsolescencia técnica consensuada. La privatización nos pone en manos de servidumbres no deseadas y hace al Estado rehén del poder fáctico del dinero.

Si algo bueno ha traído la crisis económica y el debate sobre la sanidad es que los ciudadanos valoramos más cada euro que sale de los presupuestos, y que la sanidad pública tiene áreas de mejora introduciendo algunas medidas utilizadas en la praxis empresarial. Se ha hablado de formar una central de compras nacional que cree un mayor entorno de competencia entre los proveedores de servicios sanitarios; de la disminución del gasto farmacéutico en base a un cambio de cultura en su uso; de la potenciación de la asistencia primaria y su coordinación con la especializada; de la prevención y uso responsable de la medicación y recursos tecnológicos; de la transparencia y publicidad de las atenciones de la industria farmacéutica; de los malos hábitos de la sanidad pública: la compleja maraña funcionarial, los privilegios de parte del staff médico, los comportamientos corporativos poco productivos, las llamadas peonadas, el absentismo laboral y el enchufismo … Son, entre otros, déficits de funcionamiento que no debemos ocultarnos, ni permitirnos.

Estamos a favor, naturalmente, de la racionalización de la asistencia médica, de la coordinación entre la sanidad pública y la privada y, sobre todo, de la planificación a nivel estatal de la sanidad en España. Defendamos, con los necesarios cambios, la titularidad pública de nuestra sanidad y la redacción de un Plan Integrado de Salud con la colaboración y el concurso de los profesionales, fuera del área de influencia de los partidos políticos, cuyo único compromiso debe ser mantener con los consensos necesarios y los mínimos ajustes nuestro bien ganado sistema de salud. Porque no es lo mejor para el bien común que la conducción y toda la expertise de la sanidad esté dominada por la iniciativa del capital privado.

Si hay algún baremo para medir el progreso social, ese terreno movedizo entre los avances tecnológicos y la felicidad de las personas, sin duda uno de los patrones de referencia está en la universalidad de acceso a la sanidad.

Pedro Díaz Cepero es sociólogo

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