La gruesa factura de las cláusulas suelo
El auto de aclaración del Tribunal Supremo sobre la sentencia que ha declarado nulas en ciertos supuestos las claúsulas suelo –aquellas que limitan el interés mínimo que debe pagar el cliente y le impiden beneficiarse de una mayor rebaja del euribor– ha tenido consecuencias inmediatas. BBVA y Cajamar, dos de las entidades involucradas en el procedimiento, anunciaban el miércoles la eliminación de estas cláusulas de sus carteras hipotecarias con efecto desde el 9 de mayo, fecha en que el Alto Tribunal dictó la sentencia; y ayer se sumó Novagalicia. Pese a que la decisión del Supremo no tiene carácter retroactivo, el impacto económico de esta tiene un coste económico considerable. Solo en el caso de BBVA, la factura asciende a cerca de 420 millones de euros anuales. Aunque otras entidades como Popular, Sabadell o Bankia confían en mantener las condiciones de sus contratos en vigor, si la medida se extendiese al conjunto del sector financiero la cifra ascendería a 1.000 millones de euros al año.
Se trata de un cálculo aproximado, dado que no existen datos oficiales sobre el número de hipotecas que estarían afectadas por este tipo de condiciones. Pese a ello, y según estimaciones del Colegio de Registradores, a día de hoy el 80% del total incluyen las denominadas cláusulas suelo.
Es importante recordar que el Tribunal Supremo no ha declarado nula toda cláusula de este tipo, sino únicamente aquellas en las que no concurran ciertas condiciones de transparencia. Como se señalaba ayer desde el colectivo de registradores, la creciente importación al derecho español de cláusulas anglosajonas, ajenas a nuestra tradición jurídica y de dificil comprensión para el consumidor, ha provocado un oscurecimiento de las condiciones de contratación en el tráfico mercantil. Pese a que la sentencia dictada por el Alto Tribunal se refiere solo a las entidades involucradas en el proceso, –BBVA, Cajamar y Novagalicia– todo apunta a que el resto del sector financiero se verá obligado a revisar las condiciones de su cartera hipotecaria y a dar respuesta a los requerimientos y dudas de sus clientes con el máximo rigor, rapidez y transparencia. A nadie se le escapa que la decisión del Supremo llega en un momento especialmente delicado para la banca española, inmersa en un proceso de saneamiento y recapitalización que todavía no ha sido completado. Tampoco pueden desdeñarse las probables consecuencias que la nulidad de las cláusulas suelo tendrá sobre las condiciones de un mercado de crédito que pasa por sus horas más bajas. Aún así, el fallo del Tribunal Supremo debe marcar un antes y un después en el contenido de los contratos hipotecarios y reforzar, en los casos en que sea necesario, la protección de los consumidores.