Tribuna

Más confianza con la auditoría de cuentas

La auditoría de cuentas es una actividad profesional cuyo objetivo radica en aportar seguridad y confianza en la información financiera. Por esta razón, está tan presente en el devenir económico y encuentra a menudo en los medios de comunicación un campo propicio para el desarrollo de un debate necesario, crítico y constructivo sobre su realidad actual y los términos en que debería plantearse su futuro.

Hay que insistir en la idea de que la auditoría estatutaria constituye un logro muy importante en la UE del que nos beneficiamos todos los ciudadanos. La actividad del auditor de cuentas está regulada a nivel europeo por la que se conoce como Sexta Directiva y exige estar en posesión de una titulación universitaria adecuada, una experiencia profesional probada y la superación de varios exámenes de Estado. El trabajo del auditor de cuentas se orienta a la cumplimentación de las normas internacionales de información financiera -las conocidas como International Financial Reporting Standards o IFRS- y las normas internacionales de auditoría o ISAS. Bajo estas premisas se constata que la auditoría de cuentas es una profesión global, habida cuenta que utiliza unas fuentes de derecho altamente armonizadas a nivel internacional. Pues bien, a pesar de estas características particulares del auditor de cuentas, desde el punto de vista de la solidez y la preparación profesional, hay que advertir que en España se ha producido una concentración del mercado de la auditoría en un puñado de grandes firmas. Esta realidad es incuestionable en el caso de España, aunque también hay que reconocer que no es propia únicamente de nuestro país.

Es decir, un auditor de cuentas, aún cumpliendo con los necesarios requisitos de formación, capacidad e independencia, entre otros muchos, puede tener dificultades en el mercado en ejercer su profesión si no la canaliza a través de un gran despacho colectivo, algo que, convengámoslo, no tiene ningún sentido. Un símil parecido sería imposible de pensar, por ejemplo, en la profesión de abogado o en un plano más lejano, en el ámbito de la función judicial. De una forma constante, las autoridades comunitarias y los mercados, con el objetivo de salvaguardar el interés público y la competitividad, han venido denunciando la gran concentración de la función de auditoría de cuentas y el riesgo que esta situación conlleva en el supuesto de que alguna de estas grandes firmas desapareciera. En esta tesitura, renace con fuerza en Francia y en Alemania, aunque también en otros países de la Unión Europea, el debate sobre las ventajas de la auditoría de cuentas realizada por dos o más firmas de forma conjunta. En la línea tan europea de aprender de las mejores prácticas, nos puede resultar de mucha utilidad observar el sistema de auditoría conjunta que se viene aplicando en Francia desde hace más de 45 años para las empresas de interés público y, también, para aquellos grupos de sociedades que tienen la obligación de presentar cuentas consolidadas. La normativa se aplica a las cuentas anuales consolidadas, pero no a las subsidiarias, aunque en la práctica, las filiales más significativas están también auditadas por dos firmas. En este sentido, numerosos estudios internacionales, elaborados por especialistas universitarios en contabilidad y finanzas, indican que la auditoría conjunta en Francia ha contribuido a disminuir la concentración en este mercado, en tanto en cuanto 265 firmas de auditoría auditan a 511 grupos de empresas; contrariamente, si nos interesamos por lo que ocurre en España, veremos que las 133 entidades consideradas de interés público están auditadas solamente por 13 firmas.

Estos estudios concluyen que, en la práctica, el 53% de las auditorías realizadas por dos firmas involucran una de las Big Four y una firma mediana o pequeña. La conclusión es que la auditoría llevada a cabo conjuntamente por dos firmas es la única medida que mejora la calidad de la auditoría y la independencia de los auditores de cuentas, al tiempo que facilita la desconcentración del sector, todo ello sin tener un efecto material en el coste de los servicios.

Por todo ello, y dadas las actuales circunstancias económicas, así como el evidente clamor social existente en nuestro país en defensa de una mayor transparencia, creemos que éste sería un buen momento para debatir la introducción de la auditoría conjunta en España. A buen seguro que esta medida aportaría una dosis de confianza suplementaria en nuestra economía, algo que no nos vendría nada mal.

José María Bové Montero es presidente de Bové Montero y Asociados

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