Por el reparto de Metrovacesa

El juez cita como imputados el viernes a Joaquín Rivero y Bautista Soler

Rivero y Soler declararán por el reparto de Metrovacesa

Accionistas minoritarios presentaron querella por ese acuerdo y otras operaciones

Joaquín Rivero y Bautista Soler, en una imagen de 2006.
Joaquín Rivero y Bautista Soler, en una imagen de 2006.

El juez del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputados este viernes al expresidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, y su socio en la inmobiliaria, el empresario valenciano Bautista Soler, según fuentes jurídicas conocedoras del proceso.

El motivo es la querella presentada por accionistas minoritarios de Metrovacesa –contra Rivero, Soler, la familia Sanahuja, y los ejecutivos Pablo Usandizaga, Vitalino Nafría, Eduardo Paraja, Lucas Osorio– en la que denuncian presuntas ilegalidades en el reparto de la que fuera primera inmobiliaria española entre sus principales accionistas, en 2007, y otras operaciones llevadas a cabo por la compañía.

En 2007, después de que Rivero y Román Sanahuja se embarcaron en una guerra de opas y contraopas por el control de Metrovacesa, los empresarios acordaron repartirse los activos del grupo. Rivero y su socio en Metrovacesa, Bautista Soler, se quedaron, en total, con el 31% del capital de la inmobiliaria francesa Gecina, mientras que la familia Sanahuja alcanzó la mayoría de Metrovacesa. Posteriormente los Sanahuja intercambiaron deuda por acciones de la compañía y la banca acreedora se hizo con el control de la compañía. 

El Juzgado de Instrucción número 47 acordó en 2011 el sobreseímiento de las actuaciones, pero la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto fechado el pasado día 4 de febrero, estimó el recurso de apelación presentado por la representación legal de los minoritarios e instó al juzgado a comenzar la instrucción del proceso “de cara al perfecto esclarecimiento de lo acontecido”. “Los hechos relatados son varios y tienen apariencia, prima facie, delictiva”, decía el auto.
Los hechos relatados en la querella, dice el auto de la Audiencia Provincial, “parecen suponer falseamiento y ocultación de las cuentas anuales, con perjuicio económico a la compañía, a algunos de sus socios y terceros, como pudieran ser los accionistas de los bancos presentes en el consejo de administración”.