Hacienda da instrucciones sobre cómo elaborar el presupuesto de 2014
El Ejecutivo avisa que la relajación del déficit no abrirá el grifo Los Ministerios deberán remitir sus propuestas del 21 al 28 de este mes
Sin margen para el relax. Así se presenta junio para todos los ministerios, entes públicos y empresas dependientes de la Administración, ya que antes de que acabe este mes (entre los días 21 y 28) deberán remitir al departamento que dirige Cristóbal Montoro sus propuestas de ingresos y gastos para el próximo ejercicio. Y es que los Presupuestos Generales del Estado de 2014 van a ser los primeros que se elaboren siguiendo los preceptos de la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada el pasado año por el Ejecutivo. Por ello, deberán tener en cuenta tanto las recomendaciones del Consejo Europeo formuladas sobre España, como el procedimiento de déficit excesivo al que la economía española se encuentra sometida.
Según una Orden del Ministerio de Hacienda publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se dictan las normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año, los Presupuestos de 2014 se orientarán a la consecución de los objetivos de política económica del Gobierno y adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (5,5% del PIB para el conjunto del sector público) y de deuda pública (96,2% del PIB).
A su vez, las directrices para la distribución del gasto y los criterios de asignación de los recursos se determinarán por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en coherencia con la actualización del programa de estabilidad aprobado por el Gobierno, y el Presupuesto deberá ajustarse al límite de gasto no financiero que establezca el Ejecutivo en coherencia con el objetivo de déficit.
Fuentes del Ejecutivo admiten que el objetivo de este mes es cerrar con las comunidades autónomas un acuerdo satisfactorio sobre el objetivo de déficit que deberá cumplir cada una de ellas y establecer el techo de gasto.
En este sentido, se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto que estará presidida por el ministro de Hacienda y, en su ausencia, por la titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, y estará integrada por los titulares de los departamentos ministeriales.
Dicha comisión deberá concretar las prioridades de gasto a las que se ha de ajustar la elaboración de las propuestas de los centros gestores, así como analizar el contenido presupuestario de las políticas y actuaciones públicas de gasto y proponer los criterios de asignación de las dotaciones entre las distintas políticas de gasto.
Mínimo margen de maniobra
En este análisis, según reza en la orden ministerial, se priorizarán aquellos proyectos que sean susceptibles de obtener financiación procedente de los fondos estructurales, el fondo de cohesión u otros mecanismos de ayuda procedentes de la Unión Europea o de otras fuentes de financiación ajenas. Además de la Comisión de Políticas de Gasto, se crearán la Comisión de Análisis de Programas, que son los grupos de trabajo encargados de analizar la adecuación y validez de los programas de gasto y, en su caso, se creará otro grupo de análisis para cada uno de los departamentos ministeriales. Concretamente, realizarán la previsión de coste que comportan los programas de gasto y la adecuación de las dotaciones financieras de los programas al volumen de recursos disponibles.
Por el momento, aún han sido pocos los que públicamente han reconocido haber pedido a Montoro más recursos para sus respectivos departamentos, pero lo cierto es que fuentes de Hacienda explican que además de las reivindicaciones de las comunidades autónomas, ya han recibido las primeras demandas. “Hasta que no transcurran unos meses más y comprobemos la evolución de la recaudación, no sabremos el margen con el que se va a poder contar, que, en cualquier caso, será mínimo”, aseguran dichas fuentes.
Por ello, no será hasta septiembre cuando se conozca finalmente qué departamentos logran recursos adicionales a los consignados este año. “Se tratará de priorizar el gasto productivo, pero la relajación de la senda de recorte del déficit no va a suponer que se abra el grifo”, advierten desde Hacienda.
Las regiones deberán calibrar el ahorro por cerrar empresas públicas
El Ministerio de Hacienda reclamó ayer a las comunidades que le remitan información sobre los efectos que ha generado la supresión de entidades autónomas para incorporarlo a un informe que se estudiará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El Departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha realizado este requerimiento en el último informe sobre reordenación del sector público autonómico, que analiza el grado de cumplimiento de los compromisos adoptados por las autonomías para la supresión de entidades autónomas, principalmente empresas, consorcios y fundaciones.
Hacienda ha solicitado a las comunidades información sobre los efectos económicos y en materia de personal de la supresión de estos entes, así como información económico-financiera de todas las entidades del sector público autonómico “para valorar el volumen de recursos afectados por los procesos de reordenación”.
Sin embargo, advierte que Cataluña, Galicia y País Vasco no han remitido ninguna información de alguno de los aspectos requeridos; mientras que Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias y Extremadura tienen una cantidad importante de información pendiente de remisión “que hace imposible valorar adecuadamente el estado y suficiencia de los compromisos asumidos”; y les pide que procedan al envío de la información para su estudio en el CPFF.
El informe constata que, a 1 de enero de 2013, las comunidades habían efectuado una reducción neta de 308 entidades de las 515 comprometidas, aunque este proceso ha seguido su curso y en la actualidad otras 227 entidades se han extinguido, están en fase de liquidación o han cesado en su actividad. De esta forma, la reducción neta ascendería a 535 entidades. Sin embargo, no cumplen con los compromisos asumidos Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.
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