Los jueces dan la razón al cliente en el 89% de las demandas de preferentes
Hay 2.366 casos de preferentes de Bankia, NCG y Catalunya Banc en los tribunales La entidad gallega tiene 42 sentencias en contra y una sola a favor
Los clientes que compraron preferentes o deuda subordinada de los bancos nacionalizados están en pleno proceso de reclamación. Los afectados de Bankia (unos 300.000), Novagalicia (unos 80.000) y Catalunya Banc (unos 90.000) han encajado o encajarán fuertes minusvalías por la conversión de esos productos en acciones. Y un importante número de ellos ha planteado reclamaciones judiciales o arbitrales.
De acuerdo al informe de la Comisión de Seguimiento de Híbridos, hay 2.366 casos de preferentes de las tres entidades mencionadas en los tribunales de justicia. La gran mayoría de las reclamaciones (2.203) está pendiente de resolver. Sin embargo, entre los que ya tienen una solución encima del tapete, el número de sentencias a favor de los particulares es muy superior a las que les dan la razón a las entidades financieras, según el documento que presentó ayer en el Congreso Elvira Rodríguez, la presidenta de la CNMV.
Hay un total de 62 casos con veredicto, y el 89% de ellos (55) ha sido a favor de los clientes; el 6,5% (cuatro), en contra; y el 4,5% restante (tres) de las reclamaciones ha sido archivado. Hay además 101 casos en los que clientes y bancos han llegado a algún tipo de acuerdo o en los que los afectados han preferido desistir y acudir a la vía arbitral. “Con los datos disponibles, podemos decir que los tribunales están dando la razón de forma abrumadora a los clientes”, explican desde un bufete que lleva casos de afectados por los instrumentos híbridos.
Novagalicia, con un saldo de híbridos en circulación de 1.860 millones de euros, es la entidad que lleva más casos perdidos en los tribunales, de acuerdo al informe de la Comisión de Híbridos, fechado el pasado 21 de mayo. La entidad gallega tiene 42 sentencias en contra y una sola a favor. En 25, ha habido acuerdo o el reclamante se ha decantado por la fórmula arbitral. El número de pleitos sin resolver es de 673.
BFA-Bankia –con 4.956 millones comercializados en híbridos, que ya han sido convertidos en acciones– tiene 12 fallos en contra, uno solo a favor y tres archivados. En espera, 1.122.
En el balance de sentencias, Catalunya Banc (con 1.582 millones de euros en híbridos) tiene una en contra y otra a favor y en 76 ha llegado a algún tipo de acuerdo. El número de reclamaciones judiciales pendientes de resolución del banco catalán es de 408.
La vía del arbitraje, de la que Novagalicia fue pionera al ponerla en marcha en julio del año pasado, está absorbiendo buena parte de las reclamaciones. La Comisión de Seguimiento ha establecido que los dueños con preferentes o deuda subordinada con menos de 10.000 euros invertidos tienen prioridad en esta fórmula.
Los datos que maneja el informe presentado ayer revelan que ha habido un total de 130.272, de las que 58.774 están en proceso de estudio, han sido rechazadas por el experto independiente (PwC en Novagalicia, Ernst & Young para Catalunya Banc y KPMG_para Bankia) o la firma del convenio ha sido rechazada por el propio cliente.
Investigación de Bankia
Durante su intervención ayer en el Congreso, la presidenta de la CNMV reveló que el supervisor ha solicitado a Iberclear –el organismo encargado de llevar el registro contable y gestionar la liquidación de las acciones en la Bolsa española– información sobre los inversores que vendieron acciones de Bankia el pasado 24 de mayo, cuando se hundió un 51,4%.
La CNMV efectuará la investigación, tal y como anunció al cierre de la sesión del jueves de la semana pasada, sobre la operativa del día 24, cuando se negociaron en torno a 50 millones de acciones del banco (cuando su capital flotante apenas superaba los 10 millones de títulos), y también sobre las negociaciones en las sesiones anteriores.
La presidenta de la CNMV aseguró ayer que el supervisor llegará hasta el final en su investigación con el objetivo de determinar si hubo ventas cortas descubiertas (ilegales, según la ley) y afirmó que adoptará las medidas necesarias.