Europa confirma que España tendrá hasta 2016 para cumplir con el déficit
El déficit del Estado alcanzó hasta abril el 2,38% tras caer todos los grandes tributos
Europa da a España más tiempo de lo previsto. La Comisión Europea (CE) ha levantado la mano y permitirá que el déficit en España cierre este ejercicio en el 6,5% frente al 6,3% que había pedida el Gobierno. Y para el objetivo de déficit final, también confirma la prórroga de dos años. España deberá bajar al 3% en 2016 para cumplir con lo acordado con Bruselas. A cambio, la CE pide a España que aumente la edad de jubiliación, suba el IVA y los impuestos a los carburantes, tome medidas contra la economía sumergida y contra el desemple juvenil.
Su justificación es que el Gobierno de Rajoy ha cumplido los ajustes estructurales exigidos en 2012 y que la situación económica ha empeorado. Las propuestas de Bruselas deben ser ahora aprobadas por el Eurogrupo y el Ecofin en su reunión de junio y avaladas por la cumbre de líderes europeos que se celebrará a finales de ese mes.
La CE considera que "es urgente adoptar y aplicar con eficacia las reformas pendientes", y enumera una batería de recomendaciones. En materia de impuestos, insta a "considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa, explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos y adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes". Subraya tambén la necesidad de "intensificar la lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado".
Deja la puerta abierta, además, a nuevos ajustes en el mercado laboral. Exige, por un lado, un análisis de la reforma laboral que abarque "todos sus objetivos y medidas", que España deberá presentar en julio de 2013. Y tras este estudio, prevé, "presentar modificaciones, si es necesario, en septiembre de 2013".
Sobre la reforma de las pensiones, Bruselas es clara. Pide retrasar la edad de jubilación y que el factor de sostenibilidad en el que trabaja el grupo de expertos esté en vigor antes de fin de año. Además, especifica que para “garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema […] la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida”.
Otras medidas “sugeridas” por Bruselas para ajustar el déficit se refieren al gasto en sanidad. La CE apuesta por “reducir el gasto farmacéutico de los hospitales, potenciar la coordinación entre los distintos tipos de asistencia sanitaria y mejorando los incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos”. Adicionalmente, Bruselas exige a España que la administración pague los atrasos pendientes a sus proveedores y que apruebe la Ley de Desindexación para que la inflación no fuerce subidas en el gasto público.
En cuanto a las medidas contra el paro juvenil y los riesgos de exclusión social, los consejos son más genéricos. Sobre el paro juvenil pide “efectuar un estrecho seguimiento” de las medidas ya adoptadas, además de “proseguir la labor encaminada a reforzar la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional dual de la eficacia de las mismas”.
Respecto a los riesgos de pobreza, aconseja “aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o marginación social”, si bien se limita a pedir reforzar las políticas dirigidas al mercado de trabajo”, además de mejorar las medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda a las familias.
Tambien recomienda a España "aprobar, con arreglo al calendario presentado, la reforma de la administración local y elaborar en octubre de 2013 a más tardar un plan de aumento de la eficiencia de toda la administración pública".
Otros aspectos en los que incide la CE es en la necesidad de poner en marcha las leyes sobre emprendimiento y unidad de mercado. En este sentido, pide algunas medidas que ya prepara el Gobierno, como la eliminación de trabas para la puesta en marcha de negocios, limitar la responsabilidad patrimonial del empresario en caso de quiebra y eliminar barreras a la instalación de grandes superficies comerciales. Además, también solicita “examinar la eficacia del marco regulador respecto al apoyo al desarrollo del mercado del alquiler de viviendas”.
Bruselas quiere que España aborde el déficit de tarifa con una reforma del sistema eléctrico, además de “completar las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos”. Sobre las infraestructuras, recomienda reducir la carga de deuda pública derivada de infraestructuras de transporte no rentables, además de evaluar de forma independiente futuros proyectos de infraestructuras. Finalmente, apuesta por fomentar la competencia en el sector del ferrocarril.
Las cuentas públicas de este año no van por el camino deseado. El Estado registró hasta abril un déficit de 25.007 millones, un 2,38% del PIB, un nivel similar al registrado el año anterior cuando todavía no había entrado en vigor la subida del IVA o la supresión de deducciones en Sociedades. Todos los grandes tributos registran relevantes descensos en la recaudación, un hecho que Hacienda justifica por el mayor ritmo de devoluciones.
En su análisis de los desequilibrios macroeconómicos excesivos de España del pasado 10 de abril, previo a la entrega del plan nacional de reformas, la CE dio algunas indicaciones sobre por dónde pueden ir hoy sus recomendaciones. La CE apuntó entonces que la aplicación del calendario de las reformas era mixta, que España tenía que mejorar la competencia en los mercados de productos y servicios, actuar en el frente de los servicios profesionales.
También recomendó revisar la reforma laboral a fin de reducir la dualidad, facilitar el ajuste de los salarios a las condiciones económicas y mejorar las políticas activas de empleo. La CE también consideró que aún hay margen para limitar más el IVA reducido o aumentar las tasas de determinados productos que gozan de este tratamiento fiscal, incrementar los impuestos medioambientales y hacer frente al déficit tarifario, además de garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social mediante la reforma de las pensiones, entre otras cuestiones.
