Asegurar las pensiones es tarea urgente
El grupo de expertos a los que el Gobierno ha encomendado diseñar una receta que asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones ultima estos días su informe final, aunque con alguna que otra voz disonante. Los 12 expertos recibieron de manos del Ejecutivo el encargo de diseñar un mecanismo automático de corrección del gasto en pensiones –vinculado, primero, al envejecimiento de la población y, segundo, a la coyuntura económica– y de decidir cuándo deberá ponerse en marcha. A falta de que se hagan públicas las conclusiones, la mayoría de esos especialistas parece estar de acuerdo en dos grandes cuestiones. La primera de ellas es que, dado el deficitario estado de la caja de las pensiones, resulta imprescindible adelantar la entrada en vigor de la última reforma del sistema, prevista en principio para 2027. La segunda es que la solución que se arbitre para asegurar el mantenimiento futuro de las prestaciones contributivas debe afectar tanto a los antiguos como a los nuevos pensionistas, aunque de forma diversa.
A tenor de las reuniones mantenidas hasta el momento, la cuestión más espinosa –y que ha originado un cierto disenso, aunque minoritario– es la conveniencia de adelantar o no la entrada en vigor de la reforma. Dado el déficit que presenta el sistema, que podría alcanzar por segundo año consecutivo una cifra cercana a los 15.000 millones de euros, ese adelanto no solo parece necesario, sino también urgente. El motivo es que las sombras sobre el futuro de las pensiones constituyen un problema de profunda trascendencia social, pero también –y es importante no olvidarlo– macroeconómica. La confianza de los ciudadanos en que al final de su vida laboral les aguardará una razonable seguridad financiera es una premisa básica para estimular el crecimiento en cualquier economía.
Precisamente por ello, el panorama que rodea actualmente la economía española constituye un factor determinante en la decisión de acelerar la entrada en vigor de las medidas de saneamiento de nuestro sistema de pensiones. Como también lo es, y no menos importante, el comenzar a analizar con seriedad y sin demagogias ideológicas el serio problema del envejecimiento de la población española. Las medidas para alargar la edad de jubilación son necesarias para asegurar el futuro del sistema contributivo, pero no suficientes. De poco servirá la medida si no se complementa con una política que permita contrarrestar el alarmante envejecimiento de la ciudadanía. España maneja en esta coyuntura histórica una peligrosa ecuación que incluye una elevadísima tasa de paro, una población que envejece de forma acelerada, una natalidad que figura entre las más bajas de Europa y una crisis económica que, de momento, impide alimentar el motor del crecimiento. Resolverla con éxito exige determinación, pero también requiere urgencia.