Andalucía inicia la expropiación de la primera vivienda para desahuciados
La medida beneficia a una familia de Huelva
Poco más de un mes después de que la Junta de Andalucía aprobara el polémico decreto ley que le permite expropiar inmuebles para mantener en ellos a familias desahuciadas en riesgo de exclusión, el gobierno regional acaba de iniciar el trámite para poner en práctica la medida por primera vez
Según ha publicado esta mañana el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se abre “el expediente que se cita con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios”.
La medida se ejecuta sobre una vivienda de Huelva cuya titularidad plena está en manos del fondo de titulización A Y T Hipotecario Misto III, con sede en Madrid, que reclamó el embargo del inmueble ante el juzgado de primera instancia número 1 de Huelva.
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta inicia la medida a instancia de María del Carmen Andújar Hidalgo, quien presentó la solicitud de protección tras haber solicitado la entidad adjudicataria del pleno dominio de la vivienda al órgano jurisdiccional el lanzamiento.
El inicio del procedimiento supone abrir un plazo de 15 días hábiles “al objeto de que los titulares y demás interesados puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación”.
De prosperar, la medida supondría la expropiación del uso de la vivienda al fondo de titulización A Y T Hipotecario Misto III por un periodo de tres años en que la familia afectada podrá seguir residiendo en su vivienda.
A cambio, eso sí, la Junta deberá pagar un justiprecio, aun por definir, a la sociedad titular del inmueble.
Beneficiarios
El paraguas de protección para familias desahuciadas está dirigido a particulares que hayan sufrido un “importante menoscabo” de su situación económica en los últimos años, cuya carga hipotecaria se haya incrementado al menos en 1,5 veces y cuyas rentas no superen tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), situado en 532 euros mensuales.
A cambio, los beneficiarios deberán pagar a la Junta un máximo del 25% de sus rentas, en una cuantía nunca superior al justiprecio que la comunidad conceda al inmueble en cuestión.
Inicialmente, la Junta de Andalucía estimó que hay en la región unas 200 familias que podrían beneficiarse de la medida.