Nuevo código ético y de buenas prácticas

CEOE apartará del cargo a cualquier directivo imputado en un proceso penal

Rosell asegura que no pretender ser ejemplares, "sino normales"

El texto prohibe los sobornos y los pagos en negro

Juan Rosell, presidente de CEOE
Juan Rosell, presidente de CEOE

Alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Esos son los tres delitos que han llevado a la cárcel desde el pasado mes de diciembre al que fue presidente de CEOE durante tres años. Ese episodio, unido a la investigación abierta al vicepresidente primero Arturo Fernández por el supuesto pago en negro a los empleados de su grupo empresarial, ha acabado por manchar la imagen de la patronal.

Con el fin de corregir el deterioro de su imagen, el presidente de la patronal, Juan Rosell, se comprometió a principios de año a impulsar un nuevo código ético y de buenas prácticas para evitar que esos episodios se repitieran en el futuro. La Junta Directiva de CEOE dio luz verde ayer a este texto, que entrará en vigor a partir de septiembre. “Con ello no pretendemos ser ejemplares, sino normales. Con este código se deja claro que en la casa de los empresarios no vale todo y hay que ser rigurosos”, remarcó.

El presidente de CEOE resaltó que con la aprobación del código se da un paso más a la hora de transmitir confianza al país y en que hay que hacer las cosas con el máximo respeto a las leyes. “Los empresarios son acérrimos defensores de la ley y condenan las prácticas irregulares”, precisó.

Aumentar los controles

El texto establece controles internos y externos para aumentar los niveles de transparencia. De esta manera, cualquier directivo deberá comunicar al presidente de la Comisión de Régimen Interno la apertura de caulquier procedimiento judicial pensal con trascendencia empresarial y pondrá su cargo a disposición de los órganos de gobierno de CEOE. En el código se entiende que un proceso penal se abre cuando se formule un escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, cuando se adopte una medida cautelar de especial intensidad o cuando se dicte un auto de procesamiento.

Otras de las medidas que se han incluido tratan de corregir las prácticas ligadas a la corrupción, de tal modo que prohíbe taxativamente recurrir ni tolerar sobornos de o hacia terceros. El texto también aplica el principio de máxima transparencia en la relación de los directivos con los proveedores, por lo que marca que CEOE contratará siguiendo los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y que también tendrá en cuenta los criterios de calidad y coste.

Asimismo, el código trata de aportar luz y taquígrafos sobre las retribuciones de los directivos. De este modo, los empleados con funciones en la dirección y la gestión deberán mantener los registros contables con exactitud y reflejando la imagen fiel de su contabilidad. También prohibe los sobornos. “No se podrá realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro beneficio de ninguna clase, a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, pública o privada, partido político o candidato a cargo público, con la intención de obtener o mantener, ilícitamente, negocios u otras ventajas”, subraya.

Sin acuerdo para cambiar los estatutos

Si la Junta Directiva de CEOE aprobó por unanimidad el nuevo código ético, no sucedió asi con la reforma de los estatutos. Preguntado por esta cuestión, Rosell indicó que de los 17 puntos que se incluyen en la reforma de los estatutos “13 o 14 no admiten dudas”, pero el resto “hay que perfeccionarlos”. Estos puntos se abordarán durante la próxima reunión de la Junta Directiva, prevista para el jueves 23, y algunos de ellos incluso tendrá que esperar “al próximo mandato”, ha dicho.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma estatutaria en la patronal es la posibilidad de poder cesar al presidente y a los vicepresidentes con tan solo el 25% de los votos de la Asamblea General si cualquiera de ellos se ve envuelto en un proceso judicial de relevancia. En esta definición no está claro si se incluirán los delitos contra la Seguridad Social, cuestión por la que está siendo investigado el vicepresidente primero y máximo responsable de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

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