Tribuna

La información y la cooperación

La transparencia en las actuaciones de las Administraciones y entes públicos constituye un atributo que genera amplio consenso en la sociedad y un valor al que se le da un alto reconocimiento. Por ello, debe presidir el buen hacer de todos los estamentos e instituciones de dichas Administraciones.

 La base de la transparencia radica en la información. Información que debe ser pública, fácilmente obtenible, clara y de carácter estable y regular.

Dicha información es especialmente relevante, cuando se trata de procesos en los que se manejan fondos públicos, lo que exige una máxima pulcritud en su manejo y utilización. La sociedad tiene el derecho y el deber de conocer cómo se gastan los recursos que se obtienen a través de los impuestos.

El fin al que se destinan los recursos públicos no exime, por bueno que fuere, de esa obligación de informar a la sociedad, en todas sus fases, sobre el cómo, dónde y para qué se administran dichos recursos.

Resulta paradójico que, en un sector tan sensible como la ayuda al desarrollo, en el que tradicional e históricamente se han demandado luz y taquígrafos en la utilización de los fondos exista una enorme dificultad de acceso a los procesos de identificación, evaluación y utilización de los recursos que el Estado aporta a ese sector. La ayuda al desarrollo es mayoritariamente apoyada por la sociedad española que, generosamente, dedica recursos de cierta importancia a este fin, a pesar de los importantes e inevitables recortes que han tenido lugar en todos los sectores de la Administración.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, es el organismo llamado a administrar los recursos destinados a la cooperación al desarrollo, con independencia de los fondos que anualmente se destinan por el Gobierno español a organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, etcétera).

La implicación y participación de las empresas españolas en la cooperación al desarrollo, que el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha propugnado permanentemente, no resulta sencilla en el contexto actual de utilización de los recursos destinados a este fin. La información disponible es escasa, fragmentada y, en cualquier caso, de no fácil acceso. No se trata de que las empresas españolas tengan algún tipo de privilegio o preferencia en la utilización de los fondos que se destinan a la cooperación al desarrollo, pero sí nos parece esencial que las empresas puedan participar, como un actor más y especialmente cualificado por su conocimiento de los mercados internacionales y por la exigencia de eficiencia que la empresa tiene en sus genes, en la ejecución de proyectos que se financian con recursos públicos españoles.

Es razonable, necesario y nos atrevemos a decir que urgente que se establezcan los cauces para que las empresas españolas, generadoras de empleo y prosperidad tanto en España como en los mercados internacionales, puedan participar y concurrir en régimen de paridad con otros posibles actores en aquellos proyectos e iniciativas que se generen en el campo de la cooperación al desarrollo.

El encomiable fin de ayudar al desarrollo de los países no debe ser un obstáculo para que la información fluya entre los distintos actores sociales, entre los que se encuentran, de forma muy significativa, las empresas. Las permanentes y decididas declaraciones en este sentido de los más altos responsables de la Administración deben dar paso a propuestas concretas que hagan transparente la información y permitan la leal participación empresarial en las acciones que se lleven a cabo bajo el paraguas de la cooperación al desarrollo.

Rafael Ruíz-Villar es Coordinador del grupo de trabajo de cooperación y proyectossociales del Club de Exportadorese Inversores Españoles

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