El Consejo de Ministros valorará la nueva Ley de Cámaras
Estas sociedades dejaron de percibir el recurso cameral desde el 1 de enero de 2013 Prestarán servicios a empresas o firmarán convenios con organismos públicos
El pasado 26 de abril, el Ejecutivo presentó un ambicioso plan nacional de reformas, en el que se comprometió con Bruselas a impulsar cambios en un gran número de sectores. El primero puede producirse hoy, ya que el Consejo de Ministros tiene previsto estudiar el Anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, cuya aprobación estaba prevista para el segundo trimestre de este año.
Esta reforma, incluida dentro del apartado de apoyo al sector exterior, persigue una reforma integral del marco normativo de las Cámaras de Comercio “al objeto de reforzar su papel en el apoyo a la creación de empresas y su internacionalización”.
Estas sociedades de derecho público se financiaban tradicionalmente a través del recurso cameral, un fondo al que aportaban obligatoriamente todas las compañías registradas en España. Una aportación especialmente criticada desde el ámbito de la gran empresa, cuya presión forzó al expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a suprimir el recurso cameral a finales de 2010, con un período transitorio de dos años (hasta el 31 de diciembre de 2012) en el que tan solo han pagado el recurso cameral las empresas cuya cifra de negocio era superior a 10 millones de euros. A partir del 1 de enero de 2013, ninguna empresa ha tenido que desembolsar esa aportación.
La supresión de este mecanismo, que aportaba 250 millones a las Cámaras (el 70% procedía de las empresas con un volumen de negocio superior a 10 millones) ha obligado a la puesta en marcha de un ajuste laboral sin precedentes, que ha dejado la plantilla en 1.600 frente a los 3.600 empleados de finales de 2010.
La nueva Ley de Cámaras tratará de aclarar el nuevo papel que van a jugar en el área de internacionalización, donde tendrán que competir con otras organizaciones empresariales como CEOE.
Fuentes oficiales apuntan a que las Cámaras obtendrán ingresos a través de las encomiendas de gestión que reciban de distintos organismos públicos o bien mediante los servicios que puedan prestar a empresas. Un buen ejemplo del primer caso es el acuerdo firmado con el Consejo General del Poder Judicial a finales de 2012 para convertir a las Cámaras de Comercio en referencia para derivar asuntos que se puedan resolver a través de la mediación mercantil y civil.
En paralelo, el Ejecutivo habilitará una línea de créditos del ICO por importe de 100 millones de euros que servirá para financiar ese período de transición.