Las constructoras piden a Montoro que adelante a junio el pago a proveedores
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha recibido una llamada de auxilio procedente de las constructoras: sus tesorerías no soportan la tensión de los retrasos que vuelven a acumularse en el pago de la Administración y muchas aseguran que no pueden seguir tres o cuatro meses más sin cobrar por sus servicios.
El sector ha aplaudido la decisión del Gobierno de impulsar un tercer plan de pago a proveedores para facturas posteriores al 1 de enero de 2012, pero urge que se articule en junio y no en septiembre u octubre, como planea Hacienda. El problema es generalizado entre las constructoras cotizadas y se agudiza entre las pequeñas y medianas. FCC, que acaba de anunciar pérdidas por 140 millones en el primer trimestre, tiene 600 millones en deuda vencida y pendiente de cobro. Una cantidad de la que espera recuperar entre 400 y 500 millones con la tercera oleada de actualización de pagos de la Administración.
Fuentes solventes aseguran que ACS supera las cifras de FCC, aunque el grupo elude desvelar la suma, y Sacyr acumula facturas por unos 200 millones. Todas ellas han visto cubiertas deudas multimillonarias gracias a los dos anteriores planes lanzados por Hacienda, en los que se saldaron facturas con fecha anterior a 2012. Pero la bola ha vuelto a crecer y la mora pública, solo con las constructoras, alcanza los 2.000 millones, según calculan fuentes cercanas al encuentro que mantuvieron días atrás el ministro Montoro, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, y el de Seopan, Julián Núñez.
Hacienda ya ha repartido 28.460 millones entre 149.000 proveedores de ayuntamientos y comunidades entre el primer plan de pagos de 2012 y su extensión en 2013. Las empresas presentaron 5,6 millones de facturas pendientes de cobro. Pero muchas de ellas vuelven a sufrir la presión de la morosidad.
Certificaciones de Adif
Buena parte de los impagos vienen por servicios prestados a ayuntamientos, pero esta no es la única partida que preocupa al sector. Tras dirigirse semanas atrás a Fomento para poner de manifiesto los retrasos en las certificaciones de obra ferroviaria del Adif, las patronales han incidido ante Montoro en que se trata de un problema grave.
En algunos tramos no se certifican las obras realizadas desde octubre. Los distintos colectivos de constructoras salieron de su visita a Pastor con el compromiso de que se actualizarían las certificaciones, algo que ha comenzado a un ritmo “excesivamente lento”, según las fuentes consultadas. Las certificaciones por sellar superan los 700 millones.
En tercer lugar, desde la construcción se ha demandado a Hacienda que dé luz verde a la colaboración público-privada (PPP) en proyectos de Medio Ambiente.
El gabinete que dirige Miguel Arias Cañete avisó el mes pasado, por carta remitida a decenas de constructoras, de la necesidad de suspender y reprogramar obras ya contratadas. Tal y como informó CincoDías, el ministerio reconocía de este modo que no había fondos en 2013 para atender el pago de los proyectos en curso al no haberse autorizado créditos suficientes en los Presupuestos. Medio Ambiente parte de 9.500 millones de presupuesto, de los que 1.745 millones van a inversión en infraestructuras, un 11,5% menos que en 2012.
El sector privado pone de manifiesto una y otra vez el incumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, con 19.000 millones de inversión entre 2007 y 2015, por lo que las mayores constructoras se ofrecen a invertir siempre y cuando se elimine el riesgo de demanda en los contratos de concesión.
Una última petición es la de un interlocutor único desde el Gobierno a la vista de que los planes de Fomento y Medio Ambiente se ven en muchas ocasiones frenados en Hacienda.
Unos 7.000 millones de valor para la nueva ENA
Ministerio de Fomento, constructoras, concesionarias y banca acreedora siguen trazando el plan de rescate de las autopistas en concurso de acreedores. Algunas de ellas, como es el caso de la AP-41 (Madrid-Toledo) están en claro riesgo de liquidación, lo que mete presión a un proceso en el que, a pesar de la disposición de la banca, hay distintos puntos de fricción.
Se desconoce aún la valoración de la Empresa Pública de Autopistas (ENA) que reuniría las nueve concesiones tóxicas y, a falta de ese dato, no hay acuerdo sobre cómo se repartirá el capital. Como es sabido, las más de 30 compañías involucradas en el accionariado de esas autopistas aspiran a tener el 49%, por un 20% que ofrece Fomento.
Desde el frente empresarial se maneja un valor de empresa de unos 7.000 millones para ENA, en función de lo invertido y la deuda que soporta cada una de las concesiones.
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