Últimos escollos para la fusión entre Unicaja y Ceiss
La operación lleva negociándose más de dos años El lunes, nueva cita con los sindicatos
El tiempo se agota, pero el presidente de Unicaja, Braulio Medel, sigue jugando sus cartas para conseguir el visto bueno a todas las condiciones que ha puesto para seguir adelante en su fusión con Ceiss, el banco de Caja España-Duero, una operación que lleva negociándose ya más de dos años. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dio el primer paso hace unos días al inyectar en la entidad castellanoleonesa a través de bonos contingentes convertibles (conocidos como cocos) 604 millones de euros, una decisión que ha evitado la entrada directa del Estado en su capital y primer requisito de Medel.
También ha logrado que el FROB acepte asumir parte de las posibles pérdidas derivadas en caso de reclamaciones por parte de Sareb, el banco malo al que Caja España Duero ha transferido sus activos inmobiliarios tóxicos, por desajustes en los precios de traspaso de estos activos._Fuentes financieras aseguran que la fórmula elegida ha sido establecer una franquicia –su cantidad no superaría los 100 millones de euros–, a partir de la cual sería el Estado el que asumiera la factura.
Pero aún quedan otros flecos pendientes. Medel no está dispuesto a cerrar la operación sin una solución al espinoso tema de las participaciones preferentes y deuda subordinada comercializadas por Caja España Duero, a lo que se suma el ajuste laboral que la entidad castellanoleonesa aún no ha cerrado. Desde un primer momento Unicaja se ha negado a asumir el coste de los despidos y cierre de oficinas exigido por Bruselas. También está pendiente el visto bueno de las autoridades comunitarias, que deben refrendar el posible acuerdo.
De todos, el punto más complicado es obtener un blindaje de cara a los productos híbridos –Caja España tiene 1.400 millones de euros en preferentes y subordinada, de los que 1.000 millones estarían en manos de particulares y el resto de institucionales– que cubra las posibles pérdidas generadas por reclamaciones de los afectados, como propone Unicaja. Serían solo las reclamaciones judiciales ya que al no tratarse de una entidad intervenida la vía del arbitraje no se pondría en marcha.
Además está la incógnita de quién asumirá el coste del canje de preferentes y subordinadas. El Memorándum de Entendimiento (MoU), rubricado por el Ejecutivo español como condición para tener acceso a las ayudas europeas, establecía que estos híbridos deberían ser canjeados por acciones o asumir elevadas quitas. La primera opción no tendría cabida ya que ninguna de las dos entidades cotiza en Bolsa ni ha manifestado su intención de saltar al parqué, al menos a medio plazo, y tampoco tienen acceso a la liquidez que da el Fondo de Garantía de Depósitos a las preferentes de nacionalizadas como NCG y Catalunya Banc.
Canje de los híbridos
No obstante, en el real decreto del pasado 31 de agosto, sobre la reestructuración y resolución de entidades de crédito españolas, se dejaba abierta la puerta a que los híbridos pudieran ser canjeados por otros productos bancarios, lo que incluye depósitos. Una alternativa que debería contar con el beneplácito de Bruselas y esto es lo más complicado. Otras entidades como Liberbank ya intentaron esta opción pero se encontraron con la negativa de Bruselas.
De cualquier forma, y según todas las fuentes consultadas, las negociaciones se encuentran en la recta final, independientemente de que Unicaja logre sus objetivos para absorber Ceiss o de que la operación vuelva a saltar por los aires, una hipótesis que Gobierno y Banco de España pretenden evitar a toda costa. En este último supuesto, los cocos que ha inyectado el FROB en Ceiss se convertirían en acciones y la castellanoleonesa pasaría a engrosar la lista de entidades nacionalizadas. Y vuelta a empezar.
El lunes, nueva cita con los sindicatos
Los sindicatos de Caja España volverán a reunirse el lunes con la empresa, después de que el viernes rechazaran la propuesta de las cuatro centrales. Las mayores discrepancias se producen en las prejubilaciones (Caja España quiere cubrir la seguridad social solo hasta los 62), el número de despidos (los sindicatos quieren rebajarlos a 1.200 frente a los 1.320) y las condiciones laborales. Además de recortes de suelto, el banco quiere eliminar los trienios y "apropiarse" del fondo social de los empleados.