La norma desincentiva el control del negocio bancario pero no lo limita en el tiempo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros

La reforma no obliga a las cajas a salir de sus bancos

El Anteproyecto se basa en el memorando recogido en el rescate financiero de la UE

El modelo tradicional de cajas queda relegado a Pollença y Ontinyent

El resto del sector deberá transformarse en fundaciones bancarias

La CECA discrepa del régimen de incompatibiliades

El Consejo de Ministros aprobó el viernes lo que el responsable de Economía, Luis de Guindos, definió como “la última pieza relevante del proceso de reformas del sector financiero que ha llevado a cabo el Gobierno en el último año”.

Se trata del anteproyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que, según la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “lo que busca es volver al sistema anterior a los años 90 y 80, cuando las cajas se centraban en las pequeñas y medianas empresas y en los ahorradores”, detalló.

Una vuelta al “modelo tradicional de cajas, que se desvió en los últimos años”, continuó Guindos, basada en una “triple limitación”: de cliente, pues centrarán su negocio en personas físicas y pymes; territorial, ya que deberán ceñirse a su comunidad autónoma o a las 10 provincias limítrofes; y en volumen, pues las cajas no podrán albergar activos por más de 10.000 millones de euros o el 35% de los depósitos de su región.

Las claves del nuevo modelo

Limitaciones

Las cajas de ahorros limitarán su negocio a pymes y familias, a una comunidad autónoma o sus provincias limítrofes y a un volumen inferior a los 10.000 millones de euros en activos. Si exceden estos límites deberán traspasar su actividad financiera a un banco.

Fundaciones

Las cajas que controlen más del 10% de un banco deberán transformarse en fundaciones bancarias. Si superan el 30%, el Banco de España supervisará su plan financiero.

Fondo de reserva

Si la participación de la fundación supera el 50% deberá presentar además un plan de diversificación de riesgos y dotar un fondo de reserva con el que hacer frente a los problemas de solvencia.

Incompatibilidad

Los miembros del patronato de las fundaciones tendrán imposibilitado ejercer un cargo en el consejo de administración del banco en que participen.

Supervisión

Fundaciones y cajas estarán supervisadas por la comunidad autónoma, si operan solo en una, o por el Ministerio de Economía si su actividad se desarrolla en varias regiones.

Obra social

La norma prevé ventajas fiscales para Obra Social.

Esta “vuelta a los orígenes”, sin embargo, “queda limitada a dos entidades”, admitió el responsable de Economía, en referencia a Caixa Pollença y Ontinyent. El resto del sector no se destruye, solo se transforma. Un viejo principio físico, el de conservación de la materia, que precisamente garantiza eso: que las cajas que lo deseen, ahora transformadas en fundaciones bancarias, conserven el control de su negocio de crédito, traspasado a un banco, sin límite de tiempo. Eso sí, con condiciones.

Así, aunque la pretensión original de Bruselas, que impuso la reforma como condición al rescate financiero, iba más encaminada a impedir que las cajas de ahorros siguieran controlando un negocio crediticio, la reforma que se dibuja, asumió Guindos, se limita a desincentivar que las fundaciones tengan una posición de fuerza en sus bancos.

De este modo, las cajas que controlen más del 10% de un banco deberán convertirse en fundaciones. Para empezar, eso supondrá un régimen de incompatibilidades que impedirá “que los miembros del patronato de las fundaciones lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad”.

A partir de ahí, las condiciones se endurecen según su nivel de participación. Si esta supera el 30%, la fundación deberá presentar al Banco de España un protocolo de gestión y un plan financiero detallando cómo se afrontarían nuevas necesidades de capital. Si la participación supera el 50% o da a la fundación una posición de control, será necesario además presentar una estrategia de diversificación de inversiones y gestión de riesgos. Finalmente, este grupo deberá alimentar un fondo de reserva, del que el Banco de España aun debe diseñar calendario y dotaciones, para hacer frente a eventuales problemas de solvencia.

Las cajas que acepten estas condiciones, convertidas ya en fundaciones, podrán seguir controlando su banco, al menos en teoría, indefinidamente. El anteproyecto, eso sí, impedirá que las fundaciones puedan acudir a las ampliaciones de capital de las entidades de crédito participadas “a los efectos de alcanzar o mantener posiciones”.

El anteproyecto, aclaró Guindos, tampoco regulará qué deben hacer con su cartera industrial las cajas una vez que se conviertan en fundaciones. Será la legislación bancaria europea Basilea III, que penaliza fuertemente las participaciones empresariales, la que incentive la desinversión industrial cuando entre en vigor, asumen desde el sector.

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley iniciará ahora su tramitación parlamentaria con lo que presumiblemente quede aprobado a finales de junio o principios de septiembre. Las entidades, La Caixa, Unicaja y Kutxabank son las principales afectadas, tendrán un año para cumplir con la reforma desde su publicación en el BOE.

La CECA insta a modificar el régimen de incompatibilidad

El sector de ahorro ha acogido con alivio la concesión que el Gobierno ha logrado arrancar a Bruselas para que no se establezcan plazos de desinversión obligatoria para las fundaciones que participen en el capital de un banco.

La Confederación de Cajas de Ahorros, la CECA, ha emitido de hecho un comunicado valorando positivamente el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno, al considerar que logrará dotar de estabilidad al sector.

La patronal de las cajas, sin embargo, recela del régimen de incompatibilidades que persiste en la norma, la otra gran batalla que el sector venía librando en la negociación de la ley. Esta recoge que los máximos responsables de una fundación no podrán, a la vez, estar presentes en el consejo de administración de un banco.

Un axioma que obligaría a Isidro Fainé, por ejemplo, a elegir entre la presidencia de La Caixa y la de CaixaBank, que por ahora compagina.

"En cuanto a la composición de los consejos de los bancos participados, la CECA confía en que el nuevo régimen permita un adecuado ejercicio del derecho de propiedad por parte de las fundaciones bancarias, a través de consejeros dominicales de conformidad con los estándares de buen gobierno corporativo", reza el comunicado.

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