La UE flexibiliza los plazos pero conserva el régimen de incompatibilidad
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante  una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. EFEArchivo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE/Archivo EFE

El Gobierno da hoy el pistoletazo de salida a la reforma de las cajas

Bruselas mantiene la incompatibilidad entre presidente de banco y patrono de la fundación.

El plazo dado a las fundaciones para desinvertir en sus bancos será abierto.

La que se prevé que sea la reforma definitiva de las cajas de ahorros, un plan impulsado por la troika que obligará a las cajas que controlen más del 10%_de un banco a convertirse en fundaciones, comenzará hoy su andadura parlamentaria con la aprobación del anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros. El paso llega después de un arduo proceso de negociación que el Gobierno ha mantenido fundamentalmente con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, quienes impusieron la remodelación de las cajas como una de las contrapartidas al rescate a la banca española. En el pulso, según asumen fuentes conocedoras de las conversaciones, Europa habría cedido en una de las dos principales objeciones que el sector de las cajas planteó al borrador del proyecto.

La concesión radica en el hecho de que finalmente no se impondrá un plazo fijado para que las cajas deshagan su participación en las entidades lo que, “podría haber ido incluso en contra del ordenamiento jurídico español”, según voces conocedoras de las negociaciones, y hubiera empujado a las entidades a malvender sus participaciones, pues los potenciales compradores habrían esperado hasta el último momento para forzar precios menores. En todo caso, las fundaciones no podrán acudir a ampliaciones de capital de sus bancos.

En lo que Bruselas parece mantenerse firme es en la decisión de considerar incompatible que una misma persona ocupe el máximo puesto de responsabilidad en la una fundación, el de patrono, a la vez que desarrolla un cargo similar, como presidente, en el banco del que participa. Un planteamiento ante el que el sector se ha mostrado especialmente belicoso, defendiendo que si la fundación es dueña de la entidad debería poder gestionarla directamente. Como ejemplo, este régimen de incompatibilidades obligaría a Isidro Fainé a elegir entre la presidencia de CaixaBank y la de La Caixa, que actualmente compagina.

Más allá, y excepto posibles cambios que decida incluir el Consejo a última hora, no se espera que el texto de hoy vaya muchos más lejos que el borrador publicado en enero. Salvando las líneas rojas que ha marcado Bruselas, la idea es que el desarrollo en profundidad de la norma tenga lugar durante su trámite parlamentario en el Congreso y el Senado, lo que según estimaciones del sector supondría la aprobación definitiva de la norma para junio, o incluso septiembre si el proceso se alarga. A partir de su publicación en el BOE, las cajas tendrán un año para cumplir con la nueva ley.

La nueva ley derogará la LORCA, la regulación anterior del sector, y solo permitirá sobrevivir como cajas a las que controlen menos del 10%_de un banco, básicamente Pollença y Ontinyent. El resto deberán convertirse en fundaciones bancarias. Si controlan más del 30%, deberán presentar además un protocolo de gestión y un plan financiero detallando cómo afrontar posibles necesidades de capital. Si la participación supera el 50%, la fundación también deberá aportar un plan de diversificación de riesgos e inversiones y alimentar un fondo de reserva que permita cubrir una eventual falta de recursos propios (ver despiece). La norma también recrudece las exigencias honorabilidad de los consejeros y reparte entre comunidades autónomas y Economía la supervisión de las fundaciones.

Nuevas derramas para nutrir el fondo de reserva

Una de las principales incógnitas que aun rodea el anteproyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias es el coste y el calendario bajo el que se constituirá el denominado fondo de reserva. Se trata de una suerte de hucha que deberán alimentar aquellas fundaciones que controlen más del 50% de su banco, con el objetivo de tirar de dichos fondos en caso de afrontar problemas de solvencia. Su constitución estará supervisada por el Banco de España que será quien deba fijar las dotaciones a realizar por cada firma. El fondo, cuyo impago tendrá consecuencias fulminantes para las fundaciones, busca convertirse en una especie de seguro ante futuras crisis que evitaría nuevas aportaciones públicas en caso de problemas. A falta de conocer el impacto económico definitivo de la medida, el fondo de reserva promete imponer una nueva derrama a La Caixa, Unicaja o Kutxabank en un momento en que al sector financiero se le acumulan las aportaciones extraordinarias. El propio presidente de la patronal de los bancos (AEB), Miguel Martín, advertía hace poco más de una semana que si se sigue pidiendo a la banca sana que pague los platos rotos de las entidades con problemas, aquella no será capaz de aportar el crédito que pymes y familias necesitan para salir adelante. Así, aparte de las derramas extraordinarias al Fondo de Garantía de Depósitos, la participación en el capital del banco malo, se le ha unido en los últimos tiempos una aportación especial para ayudar a compensar a los afectados por la compra de instrumentos preferentes. En paralelo, Andalucía ha aprobado un decreto, que otras comunidades prevén emular, por el que multará a las entidades por los pisos vacíos que tengan.

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