Por incumplimiento de los acuerdos con Caixa Galicia
Puerta de entrada de la sede central de Novagalicia Banco en A Coruña.
Puerta de entrada de la sede central de Novagalicia Banco en A Coruña. EFE

Aviva exige a Novagalicia 430 millones por no vender sus seguros

56 son de indemnización y el resto por el precio de la adquisición del 50% de CXG Aviva

Santiago de Compostela

NCG Banco tiene abiertos varios procesos judiciales por los que le reclaman un total de 30 millones de euros. Además, Aviva, que estaba asociada con Caixa Galicia para la comercialización de seguros, ha pedido un arbitraje en la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid por el que reclama otros 430 millones de euros a la entidad, al entender que se ha producido un “incumplimiento grave” de sus acuerdos con la antigua caja.

El informe financiero anual auditado por Deloitte y remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recoge que Aviva y Caixa Galicia habían suscrito en 2001 un acuerdo con la comercialización de seguros, mediante el que la caja se hizo con el 50% del capital de CXG Aviva.

El 3 de octubre de 2012, la compañía de seguros pidió el arbitraje, argumentando el incumplimiento de los acuerdos como consecuencia de la suscripción por parte del FROB del 93,16% de NCG Banco, que entonces ya integraba a la antigua caja, se había transformado en banco y había recibido una inyección de fondos que había dejado el control en manos del fondo estatal (aunque también tenían participaciones la caja matriz y un grupo de empresarios gallegos).

Aviva, según consta en la documentación de NCG consultada por Europa Press, entendía que era necesario su consentimiento previo y expreso para llevar a cabo la operación y para la integración de las redes bancarias de Caixa Galicia y Caixanova, pues interpreta que “afecta a la exclusividad en la comercialización de productos de Aviva”.

De este modo, especifica que la cantidad máxima reclamada es de 430 millones, de los que 56 son en concepto de indemnización y el resto por el precio de la adquisición del 50% de CXG Aviva.

A 31 de diciembre de 2012, prosigue el documento del auditor, “no se ha registrado provisión alguna con motivo de esta reclamación” por considerar el consejo de administración y los asesores legales del banco que “no se ha producido incumplimiento del acuerdo de accionistas como consecuencia de la entrada del FROB” en el capital de la entidad. Además, estiman que la nueva situación “no impide cumplir los compromisos establecidos con Aviva”.

El informe recoge también que, al cierre del pasado ejercicio, estaban en curso varios procesos judiciales y reclamaciones contra el banco “con origen en el desarrollo habitual de sus actividades” por importe de 30 millones de euros. Tampoco se ha registrado importe en las cuentas anuales para hacer frente a la conclusión de los procesos, dado que la entidad entiende que “no provocarán una salida de recursos”.

Por último, en este capítulo de procesos judiciales, aparece una demanda civil de juicio ordinario promovida por Hierros Añón -una de las fortunas gallegas que adquirió acciones del banco, aunque en este caso se derivó de un acuerdo para permitir la salida de Añón como accionista de la corporación industrial-.

Esta demanda, notificada el 14 de marzo de este año al banco, pretende obtener la nulidad de los contratos de compromiso de inversión en acciones -el acordado a cambio de la salida de Añón de la corporación, que implicaba la reinversión de parte de los fondos que recuperó en acciones de NCG- y de compraventa de acciones del banco, suscritos, respectivamente, el 2 de diciembre de 2011 y el 12 de enero de 2012.

En este proceso figura también como demandado el FROB, pero por el momento no ha habido contestación ni del Banco ni del fondo estatal. Añón es uno de los empresarios que vio reducirse a cero su capital en NCG Banco con la aplicación de la operación acordeón en diciembre de 2012, realizada antes de la inyección de las ayudas europeas recibidas por la entidad.

Un grupo de estos inversores manifestaron en ese momento su desacuerdo con la operación y anunciaron que recurrirían a la justicia por sentirse “engañados” respecto a la situación de la entidad.

 

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