La decisión del Supremo ha propiciado su salida

El 'vía crucis' judicial de un referente en el sector

El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín (d), saluda a un accionista, acompañado por el exconsejero delegado del grupo, Alfredo Sáenz antes de la junta general de accionistas en 2013.
El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín (d), saluda a un accionista, acompañado por el exconsejero delegado del grupo, Alfredo Sáenz antes de la junta general de accionistas en 2013. EFE

El consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha decidido renunciar a su cargo como primer ejecutivo de la entidad financiera, apenas diez días después de que el Tribunal Supremo decidiese no revocar la anulación del indulto que le concedió el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El directivo vasco fue condenado por el Tribunal Supremo en 2011 a ocho meses de prisión por acusación falsa en su etapa cuando se hizo cargo de Banesto en 1994. Esta querella falsa se utilizó como medida de presión para intentar cobrar una deuda de 3,8 millones que había contraído con Banesto un grupo en el que los querellados tenían una participación minoritaria.

Esta condena nunca se haría efectiva gracias al indulto del Ejecutivo. Sin embargo, en febrero pasado, el mismo Supremo anuló parcialmente esta medida de gracia ya que consideraba que el Gobierno se había extralimitado en sus funciones. La legislación bancaria contemplaba que Sáenz abandonase su puesto en el banco, dado que había perdido su requisito de honorabilidad.

El Banco de España, en consecuencia, abrió una investigación sobre el caso. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, fue más rápido: El 12 de abril aprobó el decreto que permitirá que los banqueros con antecedentes penales puedan seguir ejerciendo al incorporar al marco jurídico español las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea, lo que supone otorgar al Banco de España el poder de decidir qué banqueros son adecuados pese a estar condenados por delitos dolosos o estar investigados por delitos económicos.

En consecuencia, el Banco de España cerró la investigación que había abierto y se dispuso a crear otra que contemplase el nuevo marco legal. Una vez más, no ha podido llegar a buen puerto: ha sido el propio Sáenz el que ha presentado su dimisión.

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