El derecho de autor como encrucijada
Que nadie se llame a engaño: los autores han vivido siempre bajo el signo de la lucha. A épocas en que sus derechos han merecido el reconocimiento general le siguen periodos de retroceso en el que sus conquistas son puestas en tela de juicio. Y cualquier iniciativa encaminada a cambiar el estatus quo, ya sea para ampliar o para reducir el ámbito de protección, concita tantas adhesiones como repulsas.
De ahí que las dos figuras mitológicas que iluminan el universo de los creadores hayan sido siempre Sísifo e Ícaro. El primero, empujando la piedra monte arriba para verla caer de nuevo apenas alcanza la cumbre; el segundo, precipitándose al mar Egeo por querer volar demasiado alto con sus alas de cera. Bien podría decirse que los autores o se pasan o no llegan, pero siempre tienen que estar a la defensiva y con las espadas en alto.
Pocas veces, sin embargo, se han encontrado los creadores en nuestro país en una encrucijada tan delicada. La reforma en ciernes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que trae causa de los hechos consumados de ciertas improvisaciones legislativas recientes, podría dar paso a una era que algunos no dudarían en bautizar como la nanotutela del derecho de autor.
Crecen tanto las limitaciones y excepciones al derecho, y es tal el recorte en cuanto a la remuneración compensatoria por copia privada, que la esfera de protección para el autor (o al menos, la posibilidad de vivir del fruto de sus creaciones) podría quedar reducida a proporciones microscópicas. Y no es sólo la mayor o menor bonanza económica de las entidades de gestión lo que está en juego, sino la defensa misma de la Cultura y de los valores inherentes a la creación. O estamos con los creadores (sin que ello suponga comulgar siempre con las ruedas de molino de algunas proclamas de sus entidades de gestión) o estamos con quienes se lucran y sacan provecho de obras ajenas.
Ya se comprende que esta apreciación no deja de ser un recurso literario teñido de hipérbole. A decir verdad el Anteproyecto que acaba de ser presentado a consulta revela un empeño notable por parte del Gobierno en restaurar el cauce jurisdiccional civil para la defensa de las infracciones en la red (con la explicitación de las diligencias preliminares para la identificación del titular de una dirección IP) y una voluntad clara por mejorar el sistema de medidas de salvaguarda para la interrupción de la prestación de servicios de la sociedad de la información que se sustancia actualmente ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. No hace falta recordar que las expectativas que había despertado en la comunidad internacional este novedoso instrumento cautelar, cuya creación no estuvo tampoco exenta de polémica, se vieron defraudadas tan pronto como el procedimiento fue puesto a prueba.
Por eso cabría preguntarse, no sin ingenuidad, si estos esfuerzos por fortalecer los derechos de autor no se verán innecesariamente deslucidos por las lógicas controversias que suscitan (más allá de las posiciones de unos y otros) la propuesta de modificación del régimen de la copia privada, las medidas de control y ‘aggiornamento’ forzoso de las entidades de gestión o la regulación del límite al derecho de reproducción en el contexto de la enseñanza. Si la prioridad no es otra que dotar al derecho de autor de los mecanismos necesarios de defensa frente a la proliferación de las defraudaciones en Internet (por razones tan elementales como la amenaza de regresar a cierta ignominiosa lista negra o ‘Watch List’ y el desdoro en imagen que esto representaría para nuestro país), no sería malo concentrarse en ese objetivo antes que dejarse de nuevo caer por la cuesta de los cambios precipitados. Tiempo habrá para corregir o solventar otros desaguisados normativos, si se nos disculpa la expresión, cuando se despejen algunas incógnitas en el seno de la Unión Europea en materia de gestión colectiva o cuando los ánimos en los diversos colectivos afectados recuperen el tono reposado que se requiere para ciertos debates,
Pocos días después de celebrarse el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, acaso baste con apuntar que en lo tocante a reformas, como en tantas otras cosas, una actitud en exceso proteccionista puede ser tan nociva como llevar los postulados de la nanotecnología al campo de los derechos de autor.
Antonio Castán es socio de Elzaburu