Ni un euro de más en el pago de expropiaciones
Pastor quiere agilizar los procesos tras abonar 614 millones Todavía están sin resolver expedientes del periodo 2004-2011
Una de las mayores sorpresas que se llevó la responsable de Fomento, Ana Pastor, a su llegada al Ministerio en 2011 fue la deuda pendiente que arrastraba el departamento en el pago de las expropiaciones: 715 millones de euros solo en carreteras y más de 6.700 expedientes pendientes de resolución. La mayoría de ellos, pequeños propietarios.
En todos los casos se trataba de procesos correspondientes a obras puestas en marcha de 2004 a 2011 y en muchos existía ya sentencia firme de los tribunales contra la que no cabía recurso posible. Es decir, que solo restaba abonar el precio establecido. En otros, la paradoja iba aún más allá: se adeudaba la expropiación al propietario de unas tierras donde se había construido una autovía por la que ya circulaban los coches.
El problema era que no había dinero para hacer frente a esas facturas después de los duros planes de ajuste que se habían aplicado al presupuesto del principal inversor del Gobierno desde 2010.
La pregunta lógica es ¿por qué se acumuló una deuda tan abultada si antes de 2010 supuestamente había dinero para pagar? Fuentes del sector constructor recuerdan que muchos de estos procesos en lugar de resolverse en acuerdos entre las partes (el propietario del terreno a expropiar y la Administración que lo adquiere), recurrían a los tribunales, lo que como es lógico ralentiza su resolución durante años.
Pastor determinó entonces que era urgente pagar esa deuda y normalizar la situación, pese a las estrecheces presupuestarias. Así, logró el beneplácito de Hacienda para que a través de un crédito extraordinario se abonara buena parte de ese importe. Se obtuvieron recursos extra por valor de 614 millones, de los que a fecha de 1 de marzo de este año se han pagado un total de 542 millones. Restan aún 72 millones que está previsto desembolsar en apenas unas semanas.
Para lo que resta de ejercicio, existe un compromiso de abonar otros 100 millones y dejar con ellos a cero la deuda de los 715 millones correspondientes a procesos de expropiación con sentencia firme.
¿Cuál será el importe que restará por pagar una vez saldada esa deuda? Fuentes de Fomento reconocen que es difícil calcularlo con exactitud. Recuerdan que todavía continúan en curso numerosos expedientes que carecen de sentencia firme porque se encuentran al principio de su tramitación o se corresponden a obras aún en construcción, pese al parón de la inversión pública.
Justiprecios lesivos
Las mismas fuentes subrayan que se van a tomar todas las decisiones que hagan falta para que a corto y medio plazo no se vuelva a acumular una deuda tan importante como la generada hasta 2012.
En este sentido, Fomento ha decidido agilizar los procesos de modo que el pequeño propietario que sea expropiado para construir una infraestructura pública sobre sus tierras cobre cuanto antes la compensación por ello. Además, prevé recurrir todos los justiprecios que determinen los jurados provinciales de expropiación forzosa que el Gobierno considere lesivos para los intereses del Estado. Es sobradamente conocido como en numerosos procesos los justiprecios que debe pagar la Administración correspondiente sobrepasan con creces las valoraciones iniciales estimadas en el pliego de condiciones del proyecto.
El Consejo de Ministros del 19 de abril declaró lesivos los justiprecios de retasación de diversas fincas de los términos municipales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos del Jarama y Madrid, en los distritos de Hortaleza y Barajas, afectadas por las obras del proyecto del aeropuerto de Barajas. Precisamente esta infraestructura es uno de los ejemplos más evidentes de lo caro que puede llegar a salir al Estado expropiar. Un tercio del coste de esa ampliación, que superó los 6.000 millones, se destinó al pago de expropiaciones.
Valorar si es un patatal o si hace ciudad
La nueva ley de suelo aprobada en 2007 e impulsada por la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, trató de poner coto a los desequilibrios que existían en el mercado de suelo en España.
El texto final alivió a unos y soliviantó a otros. Supuso un duro varapalo para los intereses de los promotores (grandes acaparadores de terrenos no urbanizables con la expectativa de que el cambio de calificación les reportaría pingües beneficios). Y, sin embargo, fue todo un espaldarazo a las peticiones de los contructores, que son los que habitualmente han debido asumir el riesgo de expropiación en las grandes obras de infraestructura, dando como resultado fiascos por todos conocidos como los de las autopistas radiales de Madrid por los sobreprecios alcanzados.
El problema es que muy poco después de que entrara en vigor la norma estalló la crisis y eso ha impedido valorar realmente si con la nueva legislación se ha conseguido que los tribunales de expropiación fijen sus justiprecios de forma diferente. Es decir, aún hoy no se conoce si se ha logrado que en lugar de valorar los terrenos como solares que “contribuyen a hacer ciudad”, sea cual sea su estado, lo que da lugar a plusvalías millonarias en muchos casos; se ha pasado a pagar el patatal a precio de patatal (terreno no urbanizable dedicado al cultivo). Todo apunta a que para comprobarlo habrá que esperar al próximo ciclo alcista de la economía española y a la recuperación de la inversión en construcción.
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