Una lacra que afecta a miles de personas

Antonio y Ana soportan una larga espera viendo como aún la cooperativa de viviendas no ha comenzado a construir la casa que les habían prometido, después de más de seis años pagando. Ni siquiera saben dónde está el dinero. Cansados, exigen que les devuelvan todo lo que han invertido. Se han juntado 120 socios en la cooperativa, pero en los terrenos comprados con el consejo de su gestora no se pueden construir, ni de lejos, las 120 viviendas anunciadas. Con su legítimo deseo de tener descendencia pronto, se plantearon la posibilidad de comprar una vivienda en la que albergar a su prole y con ello su futuro, decidieron inscribirse en una cooperativa y durante un tiempo fueron aportando distintas sumas de dinero. Pronto empezaron las sorpresas.

Con el paso del tiempo se difuminaron sus esperanzas. No hay vivienda y, seguramente, nunca la habrá. Su dinero está literalmente enterrado. Después de miles de euros entregados, y de varios años transcurridos, las parcelas donde se construirían las viviendas son terrenos en barbecho cubiertos de hierba y matojos, donde la gestión urbanística brilla por su ausencia y dónde, en muchos casos, se cuestiona razonablemente si se podrá ejecutar su urbanización.

"Los cooperativistas deben hacer grandes esfuerzos y sacrificios para aportar las cantidades que se les piden"

Los cooperativistas deben hacer grandes esfuerzos y sacrificios para aportar las cantidades que se les piden. Sin preparación, sin experiencia o con ánimo defraudatorio de quien se encarga de gestionar el proyecto, se han adquirido suelos de difícil o imposible desarrollo urbanístico. En algunos casos, incluso a sabiendas de que no eran edificables, ni siquiera urbanizables, anudándose sin escrúpulos los proyectos hasta que ya no hay escapatoria posible. La consecuencia de todo ello es que los afectados han recibido a cambio de su dinero tan sólo incógnitas, en lugar de las viviendas que habían soñado.

La confabulación alcanza hasta ámbitos políticos, con reclasificaciones y recalificaciones de suelos “a la carta”,amparadas en quien tiene el poder y lo aprovecha para lucrarse. Suelos que se “meten con calzador” en los planes urbanísticos, para hacer caja, sin importar si se podrá llevar hasta ellos el agua o cuánto costará hacer las vías de comunicación necesarias para unirlos a la civilización.

¿Estamos en presencia de una desafortunada gestión de la empresa gestora o es algo más? En muchos supuestos llama la atención la manipulación total de las cooperativas y de sus socios, con la mayoría de viviendas sin realizar, con toda la documentación retenida por las gestoras, con pérdida masiva de socios e incumplimiento de los plazos. Todo ello con el único fin de asegurarse un beneficio, con el consiguiente perjuicio de los cooperativistas. Se engaña a los cooperativistas, estimulándoles para que hagan traspasos desde su patrimonio, apoyándose en la confianza que han depositado.

En ocasiones, el sistema judicial se basa en lo que afirman o dejan de afirmar los gestores, que frecuentemente, además, ofrecen versiones contradictorias, que engañan en los contratos y que no renuncian a sus ingentes honorarios a pesar de lo infructuoso de su gestión. Es necesario un cambio de la tendencia.Ya. Hay que proteger al cooperativismo y a las muchas gestoras honradas y profesionales que existen. Pero es momento de dejarse de paños calientes, pues estas conductas se ven claramente atraídas al ámbito penal. Se utiliza la creación de una cooperativa para ese lucro personal, lucro que se identifica con los perjuicios causados, logrando el defraudador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, dándose con frecuencia los elementos configuradores del delito de estafa tasados por la doctrina legal y jurisprudencial: 1) utilización, por parte del autor del delito, de un engaño previo bastante para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; 2) engaño que desencadena el error del sujeto pasivo de la acción; 3) acto de disposición patrimonial del socio cooperativista debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero; 4) conducta engañosa que se ejecuta con dolo y ánimo de lucro; y 5) perjuicio derivado para la víctima y que aparece vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal), materializándose en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone esa acción engañosa. Por tanto, en estos casos, no hay que ahorrar recursos ni tiempo para el debido esclarecimiento de los hechos y de sus circunstancias, y para la depuración de las responsabilidades.

Ignacio Cuota es abogado-socio de Cuota & Rioja Abogados.