Tribuna

Organismos reguladores, ¿qué justifica su reforma?

El proyecto de Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entra en la recta final para su aprobación definitiva y las dudas sobre su efectividad para garantizar y promover el correcto funcionamiento de los mercados y los sectores productivos siguen estando en entredicho entre reguladores, competencia y expertos.

 Tras el debate celebrado en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, donde fue aprobado con los votos favorables de los grupos Popular, CiU y PNV, el proyecto de ley llega a la Cámara alta manteniendo en su articulado preceptos contrarios a la normativa europea.

Después de incluir alguna enmienda de nacionalistas catalanes, ahora también contradice, a mi juicio, la normativa interna.

En el primer caso, el empecinamiento del Gobierno por cesar a los actuales consejeros de los organismos reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia contraviene varias directivas europeas, especialmente las más modernas que incluyen específicamente que los consejeros se nombran para un periodo fijo y solo podrán ser destituidos durante su mandato cuando ya no cumplan las condiciones establecidas en la directiva o cuando hayan sido declarados culpables de falta con arreglo al Derecho interno.

Ninguno de estos preceptos se cumple y sin embargo esta será una de las primeras actuaciones que se llevarán a cabo tras la entrada en vigor de la nueva ley, sin que esta prevea ningún tipo de norma transitoria que pueda modular en el tiempo la colisión entre la reorganización de los organismos reguladores y supervisores y el requisito del Derecho comunitario e interno español.

La Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención al Gobierno sobre este supuesto tras la celebración de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso, por lo que este hecho debería ser corregido en el Senado, porque si no se hace, el melón está abierto y, cada vez que cambie el Gobierno, podrá cambiarse la ley para remover a los consejeros, perdiendo así la garantía de independencia que debe regir en los órganos reguladores y en el encargado de velar por la competencia efectiva de los mercados.

Si la remoción de los actuales consejeros no se corrige estaremos expuestos a que la Unión Europea abra a España un expediente de infracción, como ha ocurrido recientemente en Hungría por un caso similar, al reemplazar su Gobierno anticipadamente al Comisionado para la Protección de Datos.

A pesar de que en el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados se ha conseguido corregir, en parte, la atribución de competencias a los órganos ministeriales en materia de telecomunicaciones, la normativa todavía mantiene buena parte de ellas en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hecho también destacado por las autoridades europeas en las distintas misivas remitidas al Gobierno, que por otra parte también podrá influir en el desarrollo y organización de la CNMC a través del estatuto orgánico del organismo que será elaborado por el Gobierno y aprobado mediante real decreto.

Al segundo de los supuestos, referente a contravenir la normativa interna, corresponde el de privar a la CNMC de velar por la unidad de mercado en el territorio nacional, un supuesto que incluía el proyecto de ley en su artículo 5, pero que una enmienda de CiU ha obligado al Gobierno a eliminar, privándole así de vigilar el cumplimiento del artículo 132.2 de la Constitución Española.

El precio que ha pagado el Gobierno por obtener el apoyo de los grupos nacionalistas es tan alto que les han obligado a renunciar a una de sus propuestas más defendidas y que obligará al Gobierno a introducir cambios, a su vez, en el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

El Gobierno tiene otra posibilidad: retomar la literalidad del artículo 5 del proyecto de Ley de Creación de la CNMC en el debate de la Cámara alta, pero ¿aguantará el pulso lanzado por los grupos nacionalistas?

El argumento de ahorro económico esgrimido por el Gobierno para modificar la normativa referente a organismos reguladores y competencia no justifica ni mejora su funcionamiento actual, pero sí ha logrado poner de acuerdo en el desacuerdo a todos los expertos que han manifestado su opinión.

 María José Vazquez es Diputada socialista. Ponente del proyecto de Ley de Creación de la CNMC. Portavoz adjunta de Hacienda

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