Reforma del Consejo General del Poder Judicial

El juez español debe dar la misma respuesta que el europeo

El proyecto de Ley Orgánica superó la semana pasada su primer trámite parlamentario

El objetivo es dotar de mayor eficiencia, agilidad y competitividad al sistema judicial

Un sistema judicial acorde a los nuevos tiempos, a las exigencias del siglo XXI. Más eficiente, ágil y competitivo, además de un elemento estratégico para la reactivación económica. Es el objetivo final de la Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que el pasado jueves superó su primer examen parlamentario, al rechazar el Congreso de los diputados las enmiendas a la totalidad presentadas por distintos grupos de la oposición. El proyecto de ley tiene entre otros objetivos que las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial estén legalmente reconocidas y sean acordes con la finalidad de este órgano.

En esta reforma hay elementos innovadores, tal y como reconoció ayer Juan Damián, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado para la citada ley, en una jornada de debate organizada por Garrigues. Uno de los más novedosos es la nueva estructura de los tribunales, “debido al impacto que puede causar en los operadores jurídicos”, que se debe ajustar a las exigencias del siglo XXI, “y que hemos abandonado, que no amortajado, ya que era una lacra en la administración de la justicia”. De hecho, en opinión de este experto, el juez ha de ser español pero además comunitario, de manera que se debe conformar su actividad para “dar la misma respuesta que el juez francés, inglés o de Luxemburgo, con el fin de tratar de ponernos a su altura”. Y aclara que el procedimiento no se verá alterado por hecho de que se que modifique el modelo organizativo. “El juez seguirá siendo juez y actuará de forma unipersonal e integrado de manera colectiva”, señala Damián. 

En cuanto al capítulo de los otros operadores que intervienen en el proceso judicial, se regula el papel de los abogados que actúan ante el tribunal de justicia, tal y como explica Joaquín Vives, socio de Garrigues, y se propone que en plano procesal estén a la misma altura que los jueces. “Todos deben tener un papel similar, aunque el acto judicial ha de estar dirigido por alguien, juez o letrado de la Administración de Justicia con potestad de dirección o de corrección”, afirma este experto, que también aclara que con la nueva Ley se dará un paso adelante en cuanto a las relaciones entre juez y abogados. “Los jueces de oficio pueden convocar a las partes cuando consideren conveniente”, afirma Vives.

El trabajo encargado a la Comisión Institucional fue entregado a finales del mes de febrero al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

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