El fondo social de vivienda acogerá más colectivos en otoño si no se cubre
La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, con facultades legislativas plenas, aprobó ayer la reforma hipotecaria con los únicos votos a favor del PP, cuya mayoría absoluta le permitió remitir la norma al Senado con la previsión de que entre en vigor a finales de este mes o comienzos del próximo. El partido en el poder tanteó al resto de grupos hasta última hora pero no logró el apoyo de ninguno al negarse a introducir los cambios de calado que solicitaban a cambio.
El texto, similar al que ya presentó la pasada semana el PP aunando el decreto ley del Gobierno, la iniciativa legislativa popular (ILP) sellada por casi 1,5 millones de ciudadanos y algunas enmiendas de cada partido, tan solo sufrió un cambio de última hora. El PP aceptó una propuesta de Unión del Pueblo Navarro (UPN–PP) por la que se compromete al Gobierno a revisar los colectivos beneficiarios del fondo social de vivienda. Se trata del parque de 6.000 inmuebles aportados por la banca para realojar a familias desahuciadas desde el 1 de enero de 2008. Fuentes del PPadmiten que el ritmo de peticiones está siendo lento debido a las duras condiciones exigidas: solo se dirige a familias numerosas, con menores de tres años o discapacitados al cargo o el deudor en paro entre otros supuestos y siempre con rentas inferiores a 19.164 euros anuales. La idea ahora es flexiblizar estas condiciones en seis meses si el parque completo no esta ocupado para entonces.
En líneas generales, la reforma hipotecaria retrasa de uno a tres impagos el momento en que se puede ejecutar el préstamo, permite a un juez paralizar el desahucio cautelarmente si se denuncian cláusulas abusivas, y, ante todo, supone un enorme avance a la hora de reducir la deuda que le queda pendiente al ejecutado una vez que ya ha perdido la vivienda (limita los intereses de demora, mejora la subasta del inmueble adjudicado y establece un calendario de posibles quitas para el afectado).
La norma también recoge la suspensión de los desahucios y una reestructuración de la deuda que puede culminar en la dación en pago, pero solo para los citados colectivos en riesgo de exclusión social, en lugar de hacerlo de forma generalizada y retroactiva como reclamaba la ILP.
Ley de segunda oportunidad
Una de las propuestas que ha rodeado el debate de la reforma hipotecaria es la propuesta, impulsada inicialmente por el PSOE y hasta última hora por UPyD, de reglamentar una ley de endeudamiento familiar o de segunda oportunidad que permitiría a las familias presentar una especie de concurso de acreedores, como el de las empresas, si no pueden afrontar sus deudas.
El PP ha rechazado esta vía comprometiéndose a aprobar una medida similar pero solo centrada en emprendedores. La iniciativa se integraría en la medida de apoyo a estos que está prevista se presente el 26 de abril.
Una distancia demasiado grande para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, promotora de la ILP, que reclamó ayer su retirada como gesto de protesta ante lo que consideran su absoluta vulneración. Una pretensión que el Congreso rechazó por imposible una vez que la iniciativa ha sido ya tramitada y ante la que el PP reclamó la devolución de los 360.000 euros con los que se subvencionan las iniciativas admitidas.
Este es el mismo motivo por el que no apoyaron la norma los grupos de la Izquierda Plural o el PSOE, que reclamaba, además, que la norma nacional adaptara el decreto de la Junta de Andalucía que permite expropiar viviendas a la banca para alojar a desahuciados y sancionar los pisos vacíos de entidades, inmobiliarias y Sareb. Algo que resultó inaceptable para los populares.
Fuentes del PP admitieron, de hecho, que ya un día antes daban por perdida la posibilidad de sumar a su favor los votos del principal grupo de la oposición pero que sí se hicieron esfuerzos para captar el apoyo del resto de grupos. Los populares defienden que en el caso del PNV, por ejemplo, no fue posible alcanzar un acuerdo porque los nacionalistas vascos solicitaban elevar la renta de los colectivos especialmente protegidos desde tres veces el Iprem(19.164 euros) a cuatro (unos 25.500), lo que el PP considera excesivo estimando que su regla ya permitirá suspender 120.000 desahucios.
La petición fundamental de UPyD para votar a favor fue que se permitiera a las familias convocar una suerte de concurso de acreedores, al igual que hacen las empresas, cuando sean incapaces de hacer frente a sus pagos. El PP lo descartó, sin embargo, en previsión de desarrollar un sistema similar pero solo para emprendedores (ver despiece).
Ningún embargo en Burgos si no lo dice el juez
Los jueces volvieron a dar un paso ayer por delante de los políticos en el ámbito de los desahucios. El mismo día en que el Congreso aprobaba la reforma hipotecaria destinada a paliar este problema, la Audiencia provincial de Burgos dictaba una resolución por la que no podrá celebrarse ningún lanzamiento hipotecario sin la revisión previa de un juez. Se trata del primer órgano de apelación español que traspone la sentencia del Tribunal Europeo sobre los desahucios, cuyo espíritu si recoge la ley impulsada por el PPque tardará aún semanas en entrar en vigor.
En el auto, dictado ayer por la sección segunda de la Audiencia provincial, se señalaba que antes de cualquier subasta o lanzamiento hipotecario se deberá someter el procedimiento a un juez que analice la posibilidad de que en la escritura hipotecaria existan “causas de nulidad, ilícitas o abusivas”. El presidente de la Audiencia provincial, Miguel Carreras, explicó que en la práctica supone posibilitar un mecanismo jurídico-procesal para paralizar los desalojos hipotecarios que sienta jurisprudencia en Burgos, pero no obliga a órganos judiciales del resto de España, recoge Efe. Carreras sostuvo que se trata de un auto con una “sólida fundamentación jurídica” adoptado, a la par, por “sensibilidad humana”.