Reforma de la Administración General del Estado

Los expertos piden la supresión de 1.500 entes públicos en un año

Alertan de la lentitud de las autonomías en los ajustes

Denuncian que el gasto corriente no ha bajado desde el inicio de la crisis

Una de las reformas estructurales que el Ejecutivo presentará en el Consejo de Ministros del próximo 26 de abril es la de la Administración General del Estado, con el fin de eliminar duplicidades y suprimir ineficiencias. A la espera de conocer sus principales contenidos, los expertos hacen una valoración negativa de los cambios introducidos por ahora en ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado para ahorrar dinero y ganar eficiencia. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe Propuesta para la reforma de la Administración General del Estado, hecho público ayer por la Fundación Ciudadanía y Valores, en el que se presentan ocho propuestas de aplicación inmediata para sanear las administraciones públicas.

Y una de las más urgentes es someter a una dieta estricta al aparato empresarial público. Las tres administraciones cuentan con 6.000 empresas, de las que 3.493 son municipales, 2.206 son autonómicas y 437 estatales. Los ayuntamientos no cuentan con un objetivo de reducción, pero el Estado y las comunidades sí, que claramente han infringido. Las autonomías se habían comprometido a reducir 675 entes en dos años y aún les faltan 477, mientras que el Estado debía eliminar 80 sociedades mercantiles entre 2010 y 2012 y el número se ha limitado a 17. David Delgado, uno de los autores del informe, reclamó la puesta en marcha “de un proceso de disolución, desinversión o liquidación de un número no inferior a 1.500 entes de las tres administraciones en un plazo que no supere un año”.

Presupuestos con base cero

El informe también exige la reducción del gasto corriente en bienes y servicios (no ha bajado en autonomías y ayuntamientos desde que inició la crisis) mediante la confección de presupuestos de base cero (cualquier partida de las anteriores cuentas puede ser suprimida). “El gasto corriente se ha fijado en 29.000 millones de euros en las autonomías en los últimos cinco años y en 18.000 en los ayuntamientos. Los presupuestos no pueden ser inamovibles”, remarcó Miguel Córdoba, otro de los autores.

Enmienda a la totalidad a la reforma municipal

La reforma de la administración local propuesta por Rajoy ha contado con el rechazo de los alcaldes populares y socialistas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al considerarlo un atentado contra la autonomía municipal. Los expertos de la Fundación Ciudadanía y Valores creen que las propuestas del Ejecutivo se han quedado cortas y que deberían ir más allá. De hecho propone que los ayuntamientos más pequeños se fusionen hasta un mínimo de 5.000 habitantes por municipio, de tal modo que de los 8.117 actuales se pasaría a 2.000, “lo que al mismo tiempo permitiría reducir el número de concejales”.El informe también exige la supresión de diputaciones y mancomunidades por los elevados gastos innecesarios que representan.

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