La patronal bancaria argumenta que las expropiaciones vulneran la ley

La banca presiona al Gobierno para que recurra el decreto andaluz antidesahucios

El Ejecutivo se reunió con representantes de la patronal el lunes para debatir el tema.

La banca considera que el decreto andaluz "vulnera derechos fundamentales".

El presidente de la AEB, Miguel Martín.
El presidente de la AEB, Miguel Martín.

Pese al prudente silencio que se había impuesto en el sector en los últimos días, el decreto que aprobó la pasada semana la Junta de Andalucía para expropiar inmuebles de la banca en los que realojar a desahuciados y sancionar los pisos vacíos de entidades, inmobiliarias y Sareb, ha levantado ampollas en el mundo financiero. El lunes, según confirman fuentes del sector, el Ejecutivo se reunió con los miembros de la Asociación Española de Banca (AEB) para escuchar los argumentos de las entidades. Pese al manifiesto malestar, el Ejecutivo no se comprometió más allá de lo anunciado, es decir, a esperar al informe de la Abogacía del Estado para decidir con él si recurre la norma ante el Tribunal Constitucional.

Ante la incertidumbre, y tras casi una semana sin pronunciarse sobre el asunto, la patronal bancaria pasó ayer al ataque para criticar con dureza el decreto de la Junta, cuestionando su legalidad. El objetivo es presionar para que el Gobierno, que –junto a 50 diputados, 50 senadores o, en algunos casos, las comunidades autónomas– es quien tiene potestad para hacerlo, recurra la constitucionalidad del decreto.

“Tenemos una opinión que no es, obviamente, positiva”, declaraba por la mañana en Onda Cero Juan José Toribio, economista con el que la AEB llegó a un acuerdo a principios de este mes “para la prestación de servicios en temas financieros y de relaciones institucionales en calidad de asesor técnico”. El decreto andaluz, defendió Toribio como portavoz de la AEB, “no da solución eficaz al problema sino todo lo contrario, complica más cosas de las que soluciona. Introduce restricciones al derecho de propiedad y esto es algo muy importante, aquí estamos tocando la médula de la economía de mercado”, advirtió. “Se establece una expropiación forzosa temporal del uso que en nuestra opinión puede vulnerar la ley española de expropiación forzosa”, continuó.

“Lamentamos que las cosas hayan ido por esta vía, manifestamos nuestra inquietud” por la medida, añadido Toribio, que también criticó las sanciones –de hasta 9.000 euros– que el decreto prevé para los pisos vacíos que tengan inmobiliarias, bancos y Sareb. “Establecen una norma según la cual si en el plazo de seis meses no se ha logrado [alquilar o vender la vivienda] se establece una sanción. Nos parece un sinsentido, vulnera derechos fundamentales”, ha concluido Toribio.

En paralelo, la AEB publicó en su web un documento en el que, mostrando su “respeto y acatamiento” ante la normativa aprobada por la autoridades andaluzas y defendiendo que comparte “la sensibilidad y la preocupación” por el drama de los desahucios, hacía pública su “disconformidad con algunos de los contenidos” del decreto de la Junta.

“En particular con las restricciones no justificadas que introduce al derecho a la propiedad” y con el hecho de que se establezca “la expropiación temporal de uso de las viviendas objeto de procesos de ejecución hipotecaria, en unos casos que ya están siendo abordados a través de otros cauces legales”, reza el documento, en relación a la reforma hipotecaria que el PP tiene previsto aprobar en solitario mañana en el Congreso.

Tanto el documento de la patronal como el propio Toribio en sus declaraciones defendieron, además, que el de los desahucios es un “problema que está en vías de solución” y para el que “la banca ha hecho aportaciones y lo sigue haciendo” La nota de la AEB, en concreto, argumenta que los bancos han renegociado más de 400.000 préstamos hipotecarios desde que comenzó la crisis, han firmado el código de buenas prácticas, paralizado desahucios por dos años y aportado miles de viviendas al fondo social.

Desde el Ministerio de Justicia, por su parte, aseveraban ayer que la posibilidad de recurrir el decreto andaluz ante el Constitucional sigue estudiándose.

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