El Foco

La transparencia del cartón

El autor carga duramente contra el cinismo político que supone la propuesta de la Ley de Transparencia al tiempo que se mantiene la actitud de disimular la realidad de los hechos cotidianos a la sociedad.

Cualquier día la historia tendrá que reconocer a algunos de los ilustres políticos de nuestra generación sus aportaciones insignes a la lengua castellana. Sus metáforas, ironías, perífrasis, hipérboles, digresiones y elipsis están enriqueciendo la capacidad de expresión del lenguaje hasta límites insospechados, al tiempo que dejan al descubierto su habilidad para subvertir la realidad de los hechos al ciudadano.

Ahora el sanctasanctórum de cualquier discurso político arrastra el vocablo transparencia, seguramente un conjuro de lo que viene siendo la gestión opaca del poder por los partidos políticos. Nosotros, los transeúntes, convertidos por obra y gracia de la crisis en vasallos sin derechos pero solicitados para recaudar tasas y diezmos, venimos soportando estoicamente el velo negro sobre el destino de nuestros dineros. Y nadie debería sustraerse al juicio de la claridad, menos aún quien recibe, gestiona o tiene acceso a los fondos públicos. Como el de la igualdad ante la ley, es un razonamiento de sentido común, será por eso que la clase política todavía no lo había hecho suyo.

Los transeúntes nos hemos convertido en meros vasallos sin derechos pero solicitados para recaudar los diezmos

Pero no nos dejemos engañar con el ampuloso título del proyecto: “Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Este llegó a la Cámara baja el pasado mes de agosto, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, y ya es de sospechar que hurtara del control a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades financiadas con dinero público. Afortunadamente, el trámite parlamentario y la opinión de la calle han zanjado a favor de la lógica, simplemente, la incorporación de cualquier colectivo usufructuario de los fondos públicos, lo que debería implicar a la Iglesia católica, pues también su reino está en este mundo. Queda por estudiar la forma de inclusión de las cuentas de la Casa del Rey, y sería un error entrar en excesivas singularidades, pues una parte de su legitimidad descansa en la transparencia de sus actuaciones.

La Ley de Transparencia es, en muchos aspectos, una redundancia de preceptos ya existentes y, una vez más, se querrá sanear con una ley una enfermedad de difícil cura: la actitud de la clase política y el control de información privilegiada en connivencia con el poder económico-financiero. Una ley que se nos está vendiendo como panacea no creemos borre de un plumazo el diario proceder de algunos líderes políticos. Véase el caso paradigmático del señor Carlos Fabra, ciudadano ejemplar, expresidente de la Diputación de Castellón y exresponsable del PP provincial, contento tras conocer la decisión judicial por la apertura de juicio oral contra él por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. “Ya era hora”, exclamó, tras… “nueve años y medio de indefensión pública y teniendo que soportar insultos y mofas de gentuza”. Pues qué lástima de dinero público empleado en más de nueve años de investigación, el trabajo de nueve jueces, la solicitud de amparo del juez Jacobo Pin ante su órgano de gobierno (para que se “deje de perturbar mi independencia” –decía–) y los montones de recursos presentados por los abogados del señor Fabra.

"La Ley de Transparencia es, en muchos aspectos, una redundancia de preceptos ya existentes"

Y si queremos buscar más sucesos edificantes de transparencia con las leyes vigentes en la mano, preguntemos a Enric Morera y a Mónica Oltra, diputados de Compromis en las Cortes valencianas, que deben estar ya aburridos de reclamar, durante al menos dos legislaturas, múltiples dosieres y documentación; la penúltima vez en relación a los contratos que la Generalitat firmó con empresas relacionadas en la trama Gürtel, y para lo que se vieron obligados a acudir al Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana. Este les dio la razón, pero el Ejecutivo valenciano no se quedó satisfecho con la sentencia y la recurrió. Finalmente, el Tribunal Supremo la ha confirmado, condenando a la Generalitat a los costes procesales que, evidentemente, pagaremos todos.

Con estos claros ejemplos de ingeniería procesal entendemos mejor la Ley de Tasas: se trataba de autoprotegerse contra la propia Administración y los mismos políticos, fuentes tradicionalmente litigantes con el cómodo colchón de muelles del dinero público.

Asistimos desde hace tiempo a una función teatral de la gobernanza, sorda ante las discrepancias

Las ruedas de prensa sin preguntas, las presencias virtuales (vía pantalla de plasma), los meses fantasmales de ausencia ante los medios y la opinión pública, los “hoy no toca”, las salidas por la puerta de atrás para hurtar a la prensa, las seudocomparecencias protocolarias en el extranjero, las consignas aprendidas del personal de achique (los llamados portavoces), las respuestas propagandistas insípidas en las sesiones de control, el modus operandi tan poco dialogante y displicente de algunos ministros… Es la transparencia del cartón.

El proyecto de Ley de Transparencia aparece como una ley prolija, con muchos recovecos y salidas –origen de excepcionalidades y particularidades procesales–, con graves dificultades técnicas y de aplicación por su carácter de ley ordinaria y su cruce con otras leyes/disposiciones de nuestro ordenamiento, proporcionando así el caldo de cultivo ideal para que quede difuminada, cual placebo, en un sinfín de recursos dilatorios que la pueden volver inútil, especialmente si los políticos persisten en su comportamiento actual.

Asistimos desde hace demasiado tiempo a una función teatral de la gobernanza, investida de una suerte de providencialismo y sorda a todas las discrepancias. El ciudadano percibe así una continuada tergiversación de los hechos, un menosprecio absoluto a la opinión pública y un divorcio cada vez mayor con la realidad de la calle. El silencio solo se rompe para censurar los modales de la protesta, en lugar de mostrar la sensibilidad necesaria para entender y arbitrar soluciones urgentes a tantas situaciones de desesperación.

Muchas voces se han alzado ya a favor de una nueva etapa de regeneración y/o consolidación de las instituciones del sistema democrático y, desde luego, de una reconsideración del comportamiento y actitudes de la clase política. Será siempre mejor buscar salidas entre todos los grupos políticos, desde el consenso y la legalidad, que seguir cayendo a tumba abierta en esta espiral de protestas y confrontación. Hay que pensar en una segunda transición, antes de que sea demasiado tarde.

Pedro Díaz Cepero es sociólogo.

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