Bruselas facilita los deberes
Bruselas ha decidido echar un cabo –firme y rotundo– a las Administraciones públicas europeas que mantienen deudas pendientes con sus proveedores. La Comisión Europea no contabilizará como déficit público de los Estados aquellas partidas presupuestarias que se destinen a saldar pagos atrasados con las empresas con las que contratan.
Con ello, la CE mata dos pájaros de un tiro: por un lado, facilita la solución a esos impagos y proporciona oxígeno al tejido empresarial; por otro, no obstaculiza el cumplimiento de los objetivos de equilibrio fiscal que debe cumplir cada país.
Desde Bruselas se es plenamente consciente del gravísimo problema financiero que suponen para miles de empresas europeas los pagos atrasados por parte de la Administración. Unos atrasos que, en ocasiones, se convierten en la soga que amenaza la supervivencia de las propias compañías.
El primer país en el que la CE aplicará la medida será Italia, cuya gigantesca cuenta de impagos públicos equivale a 100.000 millones de euros de un total de 180.000 en toda la UE. Tras Italia, probablemente llegará el turno de España y Portugal, donde la media de retrasos alcanza los 140 días. Asegurar que ello suceda en nuestro país es una tarea prioritaria, no solo por el bien de los proveedores, sino para el del conjunto de la economía española.