El Constitucional admite el recurso contra la no revalorización de pensiones
Las partes tienen hasta finales de mes para personarse en el proceso
El Ejecutivo ha recibido un primer revés del Tribunal Constitucional, que ha decidido admitir a a trámite el recurso que presentaron PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y UPyD contra la decisión del Gobierno de no actualizar y revalorizar las pensiones este año en función del IPC de noviembre de 2012.
La decisión, conocida hoy, tiene fecha de 12 de marzo y da a las partes quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que se estimen convenientes. Así, el TC ha acordado trasladar al Congreso y al Senado esta decisión, a través de sus presidentes;y al Gobierno, mediante el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que puedan realizar dichas alegaciones.
PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y UPyD presentaron el recurso de inconstitucionalidad el pasado 26 de febrero contra la decisión “retroactiva” del Gobierno de no actualizar las pensiones a pesar del encarecimiento de la vida.
Los diputados basan su recurso en que los pensionistas han perdido poder adquisitivo, ya que sus prestaciones sólo se han subido para 2013 un 1 %, cuando el IPC de noviembre del año pasado -que se toma por ley como referencia para compensarles por subidas del IPC por encima de lo previsto- se situó en el 2,9%.
Ante esta desviación, consideran que el Gobierno debe abonarles esa diferencia de 1,9 puntos porcentuales. Los firmantes denuncian que el Ejecutivo ha vulnerado el derecho de los pensionistas porque si se les priva de esa compensación se les resta parte de lo que han cotizado.
Los diputados recuerdan que el artículo 50 de la Constitución contiene un mandato por el que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Por ello, coinciden en que, en la actual recesión, las pensiones constituyen un “colchón” y contribuyen a la cohesión social frente a las elevadas tasas de desempleo que obligan a muchos hijos a retornar a casa de sus padres.
Fue el pasado 30 de noviembre cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció tras la reunión del Consejo de Ministros que el Ejecutivo no compensarían en 2013 a los pensionistas por el desvío del IPC de 2012.
Si bien para aliviar esa pérdida de poder adquisitivo, anunció que las pensiones de menos de 1.000 euros subirían en 2013 un 2% (en lugar del 1% previsto en los Presupuestos Generales del Estado) y el resto de cuantías superiores mantendrán el incremento del 1%.
Según calculó Báñez entonces la subida máxima del 2% en 2013 ha afectado aproximadamente al 70% de los pensionistas que cobran menos de 1.000 euros mensuales.
Esta decisión de no revalorizar las pensiones en 2013 pero subir entre un 1% y un 2% las prestaciones tiene un coste de 1.513 millones de euros, que se computarán como gasto del presente ejercicio.
Decisión “muy difícil y dolorosa”.
De esta forma, el Gobierno se ahorra unos 2.000 millones de euros que habría tenido que abonar el pasado año si hubieran cumplido la ley, lo que habría aumentado el déficit del Estado dos décimas.
Según indicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez en el momento de anunciar la decisión cuya adecuación a la legalidad evaluará ahora el Tribunal Constitucional, se trató de una “decisión muy difícil y dolorosa porque es lo último que queríamos hacer pero no teníamos otra opción porque la prioridad es cumplir con los objetivos de déficit público para que España pueda financiarse y salir de la crisis.”