Las comunidades solo ingresan el 20% de lo previsto por venta de patrimonio

Las autonomías presupuestaron 1.373 millones en 2012 y solo lograron 272,9 millones El error en las previsiones obliga a improvisar medidas de ajuste adicionales

La crisis económica no ha impedido que las comunidades mantengan un injustificado optimismo en su capacidad para generar ingresos públicos. En 2012, el conjunto de gobiernos autonómicos presupuestó que por el capítulo de enajenaciones reales –que incluye la venta de inmuebles y privatizaciones– ingresarían 1.373 millones. Sin embargo, solo lograron 272,9 millones. Se trata de un error recurrente. En el ejercicio anterior, presupuestaron 1.960 millones por este capítulo y alcanzaron 177 millones. De hecho, en la última década, los ingresos por enajenaciones de inversiones reales siempre se han situado muy por debajo de las previsiones.

Si bien la venta de patrimonio supone una parte relativamente pequeña de los presupuestos de ingresos, es el capítulo donde se producen las diferencias más elevadas entre lo recaudado y lo presupuestado. Los errores también se concentran en los tributos propios. Sorprende que, tras la drástica caída del sector inmobiliario, las comunidades todavía confiaran en 2012 en embolsarse 7.338 millones por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tributo que grava la compraventa de viviendas de segunda mano o trámites administrativos como la firma de una hipoteca. Por este tributo, las comunidades recaudaron 5.639 millones, un 76,8% de lo presupuestado. Los errores de cálculos en estos impuestos se suceden desde 2008, aunque ahora ya nadie puede justificarse en una inesperada caída del sector inmobiliario.

Las previsiones presupuestarias también fallaron por exceso en el caso del IRPF o el IVA, tributos que las comunidades tienen cedido al 50%. Hay que tener en cuenta que la recaudación adicional derivada de la subida fiscal aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy engrosó solo las arcas de la Administración central. Por otra parte, las transferencias derivadas del sistema de financiación también fueron inferiores a las presupuestadas. En cambio, los ingresos por el impuesto sobre sucesiones superaron las previsiones.

En total, las comunidades señalaron en sus cuentas que, en 2012, ingresarían 139.438 millones y, en realidad, lograron 124.658 millones. El hecho de errar en las previsiones de recaudación dificulta, y mucho, la posibilidad de cumplir el objetivo de déficit público. Aun así, los números rojos autonómicos se redujeron notablemente en 2012 y se situaron en el 1,73% del PIB, ligeramente por encima del objetivo del 1,5%. En cualquier caso supone un desvío de 2.417 millones. Si las previsiones de ingresos se hubieran cumplido, se habría logrado el objetivo de estabilidad.

Cataluña es la principal responsable del incumplimiento en las estimaciones de ingresos por la venta de patrimonio y privatizaciones. La Generalitat había previsto recaudar 888 millones por este capítulo con la venta de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona. Sin embargo, la operación fue impugnada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), un ente independiente de la propia Generalitat. Con independencia de cómo termine este contencioso, la realidad es que, en 2012, Cataluña solo pudo imputar 20 millones de ingresos por enajenaciones de inversiones reales frente a los 888 millones presupuestados.

La venta de inmuebles y las privatizaciones se han convertido en una herramienta recurrente para lograr ingresos extraordinarios en un momento de falta de liquidez. Sin embargo, el problema es que, o bien no existe demanda, o las comunidades deben vender muy por debajo del precio fijado inicialmente. Ello no impide que las comunidades sigan presupuestando ingresos al alza. Sin contabilizar comunidades como Cataluña que retrasaron la aprobación de su Presupuesto por la celebración de elecciones, los Ejecutivos autonómicos han presupuestado recaudar 1.668 millones este año a través de la venta de patrimonio. Resulta cuando menos difícil lograr esa cifra si se tiene en cuenta que, en los últimos cuatro años, apenas se ha logrado sobrepasar el nivel de los 300 millones (ver gráfico).

Otra de las consecuencias del optimismo en la previsión de ingresos es que, a medida que se comprueba su incumplimiento, las comunidades –o el Gobierno central– deben improvisar nuevas políticas para cumplir con la reducción del déficit comprometida. La eliminación de la paga extra de Navidad a los funcionarios o los recortes en el gasto sanitario y educativo son un ejemplo de ello. De hecho, la reducción del déficit autonómico se ha logrado a través de los recortes del gasto ya que los ingresos cayeron en 2012 un 1,35%. En cambio, el gasto regional, en términos homogéneos (descontando el efecto de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores), se redujo un 8,19%.

Nivel de deuda peligroso

El ajuste del gasto autonómico se ha logrado a pesar de que la partida destinada a pagar intereses se ha disparado. En 2012, el conjunto de las comunidades gastó 6.902 millones en intereses, una cifra nunca vista y que no cesará de aumentar. El pasado viernes, el Banco de España publicó que el endeudamiento autonómico alcanzó el 17,6% del PIB, el mayor porcentaje de la historia. Comunidad Valenciana (29,3%) Castilla-La Mancha (27,8) y Cataluña (25,9) lideran el ranking con un nivel de pasivo desbocado.

El plan de pago a proveedores, que permitió saldar la deuda comercial acumulada durante años por las comunidades, supuso elevar en 17.689 millones la deuda pública. Por otra parte, ante la imposibilidad de muchos Ejecutivos autonómicos para obtener financiación en los mercados, Hacienda puso en marcha un fondo para prestar 16.642 millones a las autonomías. En definitiva, las cifras indican que el peso de los intereses sobre los prepuestos autonómicos adquirirá cada vez mayor relevancia.

Reformar la financiación

El próximo jueves se celebrará la primera reunión del año del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los representantes de Hacienda del Gobierno central con sus homólogos autonómicos. El encuentro servirá para aclarar dudas y definir el calendario del fondo de liquidez autonómico para este ejercicio y que, en principio, está dotado con 23.000 millones.

Por otra parte, también se constituirá un grupo de trabajo para analizar el funcionamiento del actual modelo de financiación autonómico y proponer mejoras. Todas las comunidades consideran que el sistema les perjudica. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya se comprometió a revisar el modelo de financiación.

También se presentará un informe del Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento de los planes de reequilibrio 2012-2014 que las comunidades autónomas presentaron el año pasado y que incluía los ajustes comprometidos para reducir el déficit. La posibilidad de relajar el objetivo de estabilidad de este año no aparece en el orden del día, pero la mayoría de comunidades lo exigirá.