Editorial

Un IVA menos asfixiante para la pyme

El nuevo sistema de IVA que el Gobierno introducirá en la Ley de Emprendedores tiene un objetivo claro: ayudar a aligerar la asfixia financiera que soportan muchas pequeñas empresas como consecuencia de la crisis. Un problema muy serio de liquidez que resulta considerablemente agravado por el mecanismo actual de gestión del impuesto, el cual obliga a las compañías a ingresar el tributo en el momento de emitir la factura. En la práctica, ello implica que los empresarios adelantan a Hacienda un dinero que todavía no han percibido, lo que supone no solo un esfuerzo fiscal exigido antes de tiempo, sino una vuelta de tuerca insostenible para sus maltrechas finanzas.

 

Presionado por la urgente necesidad –especialmente, en el caso de las pymes– de solucionar esta situación, el Gobierno anunció hace unas semanas su intención de cambiar el modelo de gestión del IVA para sustituir el criterio de devengo por el de caja, el cual permite a las empresas aplazar el pago a Hacienda hasta el momento de cobrar el importe de la factura. Se trata de una propuesta que Mariano Rajoy tenía incluida ya en su programa electoral y que hasta ahora no ha puesto en práctica. Será a partir del 1 de enero de 2014 cuando la Ley de Emprendedores permitirá elegir el criterio de devengo o el de caja a aquellas empresas y autónomos cuya facturación sea inferior a dos millones de euros y no tributen en módulos. La medida adoptada por el Gobierno resulta absolutamente necesaria en el entorno económico actual, en el que muchos empresarios se ven condenados a una agonía de liquidez que termina a menudo en el cierre. Pero ello no excluye que pueda plantear ciertos problemas que es necesario tener en cuenta y habrá que resolver en la medida de lo posible.

Uno de ellos nace de las distorsiones que el sistema puede introducir en elmercado, porque su aplicación se centra únicamente en las pymes y excluye, por tanto, a las grandes empresas. En el caso de relaciones contractuales con empresas que se acojan al criterio de caja, las grandes compañías solo podrán exigir la devolución del IVA cuando abonen las facturas, una obligación que agravará sus problemas de liquidez en una coyuntura en la que las dificultades de tesorería están a la orden del día y afectan tanto a grandes compañías como a pequeñas empresas. Pese a todo, la gran batalla de esta reforma será el control del fraude.

Con las dificultades señaladas, la ventaja del sistema de devengo era la mayor facilidad que daba a Hacienda para ejercer el control fiscal. Para compensar ese déficit, el Gobierno pretende obligar a las pymes a llevar un libro de registro de los cobros del IVA, que incrementará el papeleo y harámás compleja la relación de las compañías con la Agencia Tributaria. Todo ello constituye un mal menor frente al lastre de la ausencia de liquidez.

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