La UE decide sobre la suspensión cautelar de los desahucios
El fallo podría abrir el camino para la suspensión cautelar por vía judicial de algunos desahucios El Tribunal se pronunciará sobre un recurso de un inmigrante que perdió su vivienda
El Tribunal de Justicia europeo dictará mañana una esperada sentencia sobre la normativa española de ejecuciones hipotecarias. El fallo podría abrir el camino para la suspensión cautelar por vía judicial de algunos desahucios.
El nombre del marroquí Mohamed Aziz quedará asociado a partir de mañan a la normativa hipotecaria española tras la lectura del veredicto del Tribunal de Justicia europeo en relación con su recurso contra una entidad financiera.
Se trata de uno de los casos judiciales más trascendentales de la crisis inmobiliaria porque, a la vista del dictamen preliminar, la sentencia parece destinada a desencadenar una reforma legal en España para permitir a los jueces la suspensión cautelar de los desahucios.
El dictamen, emitido el pasado 8 de noviembre y elaborado por Juliane Kokott, Abogada General del Tribunal, considera que el Derecho español “no constituye una protección efectiva” del cliente frente a posibles cláusulas abusivas por parte de las entidades financieras.
Kokott concluye que, para garantizar esa protección, los jueces nacionales deberían disponer de la potestad de suspender de forma provisional una ejecución hipotecaria porque el desahucio de la vivienda genera un perjuicio al consumidor “que posteriormente es muy difícil o imposible de reparar”.
El Tribunal, con sede en Luxemburgo, suele seguir el dictamen de sus Abogados Generales. De cumplirse esa regla, España tendría que reformar su ley. Y la espoleta de esa reforma sería un expediente que resume en sí mismo el estallido de la burbuja: un emigrante, instalado en España, que perdió su vivienda a finales de 2009 al no poder devolver un préstamo, pero siguió debiendo 40.000 euros a CatalunyaCaixa. Una caja que pasó de ser la octava entidad del sector financiero español a ser rescatada tres veces, la última con un préstamo de la UE de 9.000 millones de euros a cargo de Aziz y del resto de contribuyentes españoles.