Una solución rápida para las preferentes
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aprovechó ayer su comparecencia en el Congreso de los Diputados para anunciar que el FROB pondrá en marcha esta misma semana el proceso de arbitraje de las participaciones preferentes y deuda subordinada de Bankia. Pese a que la entidad tiene emitidos híbridos por valor de 6.000 millones de euros, al mecanismo de solución extrajudicial de conflictos –que en este caso tutelará el Instituto Nacional de Consumo– podrán someterse únicamente aquellos casos en los que, lógicamente, se ha detectado mala praxis de comercialización. También podrán optar los titulares de preferentes y subordinadas que canjearon sus títulos por acciones en mayo de 2012. Guindos da así el pistoletazo de salida a una solución al problema que fue anunciada ya hace tres meses en el Congreso, pero cuya puesta en marcha ha estado paralizada hasta ahora. La comunicación del ministro de Economía y Competitividad coincide con los datos que ha hecho públicos la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el incremento de quejas recibidas por el organismo el año pasado. Su presidenta, Elvira Rodríguez, desvelaba ayer que las reclamaciones de los inversores han aumentado un 450% en 2012, impulsadas principalmente por el escándalo de las preferentes. La cifra constituye una evidencia más del alcance del conflicto, de la alarma social generada y, sobre todo, de la necesidad de agilizar su solución. A los 6.500 millones de BFA-Bankia, hay que sumar 900 millones de NCG Banco y 510 de CatalunyaBanc. Pese a que únicamente son susceptibles de reclamación los casos en los que se hayan producido vicios de comercialización, se trata de un universo lo suficientemente amplio para que sea necesaria una solución no solo independiente, sino también rápida.
A priori, los inversores pueden optar entre someterse a un procedimiento arbitral o acudir a los tribunales. La decisión del Gobierno de elegir la vía del arbitraje responde a la mayor agilidad y flexibilidad que caracteriza a estos procedimientos frente a las salidas judicializadas, pero hace más delicada la labor de seleccionar los supuestos susceptibles de reclamación. La solución del Ejecutivo de encargar esa tarea a una consultora independiente –KPMG– no ha sido del agrado del Partido Socialista, que abogaba por dejar esa tarea a una comisión parlamentaria, pero constituye una forma evidente de objetivizar y profesionalizar la tarea. En cualquier caso, a la labor de Economía de agilizar la resolución del problema hay que sumar el deber del supervisor –la CNMV– de extremar la vigilancia para minimizar en lo posible un tipo de malas prácticas que perjudican al inversor, pero también la imagen de las entidades financieras.