Cataluña y País Vasco se resisten a integrar su red exterior en la estatal

Diez comunidades ya han dado el visto bueno para que sean absorbidas 82 oficinas La comunidad vasca ha recortado un 36% el presupuesto para acción exterior.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, preside hoy el Consejo Interterritorial de Internacionalización, en el que hará un balance de todos los hitos logrados el pasado ejercicio. García-Legaz hará hincapié en la necesidad de seguir integrando la abultada red de oficinas comerciales autonómicas en las del Estado como una vía para que las autonomías logren ahorrar fondos que puedan destinar a pagar nóminas de sus empleados, a saldar las deudas con proveedores o a pagar los créditos contraídos a través del FLA.

Esa iniciativa, que se puso en marcha el pasado ejercicio, ya ha recibido el visto bueno de diez autonomías (Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Cantabria, Canarias, Andalucía y Madrid), que se liberarán del gasto que les supone anualmente el mantenimiento de 82 oficinas. Normalmente enclavadas en los centros económicos de las grandes capitales, el alquiler de una oficina de tamaño estándar puede ascender hasta los 600.000 euros al año.

En un contexto de restricciones presupuestarias y de desplome de los ingresos, otras regiones como Extremadura y La Rioja ya han mostrado su disposición a negociar. Las dos únicas que se han mantenido inflexibles han sido Cataluña y País Vasco, que han rechazado cualquier invitación a desprenderse de su representación en el exterior, pese al elevado coste que les supone. Las comunidades cuentan con 200 oficinas en el exterior y de ellas, un 25% corresponde a Cataluña, cuyo presidente, Artur Mas, considera que esas oficinas son un eje fundamental de la política exterior. La administración vasca también defiende esos argumentos, aunque también es consciente de que las 14 oficinas con que cuenta, las tendrá que mantener con menos fondos. La secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Marian Elorza, confirmó recientemente que su departamento ha sufrido un ajuste presupuestario del 36%. “Habrá que apretarse el cinturón, preservando las líneas rojas”.

Una línea de 100 millones para asistir a las Cámaras

García-Legaz asistió ayer al Pleno del Consejo de Cámaras para explicar a los responsables de las 88 cámaras el papel que les otorga la nueva ley que ultima el Ejecutivo y que se comenzará a tramitar la próxima semana.

El texto establece que las Cámaras mantendrán su naturaleza jurídica de corporaciones de derecho público y se les dotará de mayor flexibilidad y mayor autonomía para que puedan prestar servicios a empresas y recibir encomiendas de gestión de distintas administraciones públicas. Esas serán sus dos únicas fuentes de financiación, ya que el recurso cameral (la cuota obligatoria que pagaban las empresas a las Cámaras) desaparece definitivamente. Para hacer más fácil la adaptación a este nuevo marco, el Gobierno habilitará, a través del ICO, un crédito de 100 millones de euros.