Denuncia por irregularidades en la fusión y salida a Bolsa
Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, al inicio de la junta general extraordinaria de accionistas de Banca Cívica.
Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, al inicio de la junta general extraordinaria de accionistas de Banca Cívica. EFE

La Audiencia Nacional asume la investigación de Banca Cívica y pide la de la CAN

El juez Velasco desea no dividir la causa

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido a trámite la denuncia de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad, y ha pedido al Juzgado número 3 de Pamplona que le envíe su investigación sobre Caja Navarra.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto a instancias de la Fiscalía, que la semana pasada le solicitó que asumiera la denuncia de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y que reclamara al juzgado navarro la parte de la denuncia de la asociación Kontuz! contra el exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi por delitos societarios.

De esta forma, el juez ve fuera de su competencia la otra parte de la denuncia, dirigida contra el expresidente navarro Miguel Sanz y referida a un delito de prevaricación por omisión que habrían cometido las autoridades supervisoras de Navarra al no haber efectuado las supervisiones e inspecciones de Caja Navarra.

Velasco requiere la inhibición de los hechos denunciados sobre la CAN para “no dividir la continencia de la causa”, en la que se investigan delitos de administración fraudulenta, falseamiento contable, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Además, señala que esas actuaciones previas explicarían el “grado tal de insolvencia” al que llegó la entidad que le llevó a la fusión con Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol en Banca Cívica, así como a la inyección de casi mil millones por parte del FROB y su salida a bolsa.

Unas actuaciones que van, recuerda, desde cobros indebidos de dietas, falseamiento de las cuentas, minusvaloración de los activos o despatrimonialización de la entidad derivada de favores a personas relacionadas con la caja.

Justifica así la competencia de la Audiencia Nacional en el grave perjuicio económico causado, unos mil millones de euros, así como en el número de afectados, unos 26.000 inversores, además de que los hechos han repercutido en varias comunidades autónomas.

Por el contrario, el magistrado considera que el juzgado de Pamplona debe continuar la investigación sobre la falta de supervisión externa de su actividad bancaria porque evidencia una “trama más local, navarra”, que no afecta al conjunto del territorio nacional.

En su auto, Velasco ha acordado además pedir al Banco de España dos peritos y ha pedido a las partes que antes de una semana le pidan la documentación que crean necesaria para probar los hechos.

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