Declarada en concurso de acreedores

El agujero de la inmobiliaria Reyal Urbis se eleva a 1.724 millones

La deuda del grupo inmobiiario asciende a 4.345 millones

El activo se ha valorado en 2.621 millones

Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis.
Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis.

El auto indica que “de la documentación aportada” se deduce que la inmobiliaria que controla y preside Rafael Santamaría presenta una deuda de 4.345,43 millones de euros, mientras que el valor de su activo se sitúa en 2.621,38 millones de euros.

Así, el juez indica que de dicha documentación “se desprende el estado de insolvencia del deudor”, según consta en el auto de declaración de concurso remitido por Reyal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Reyal Urbis acordó el pasado 19 de febrero solicitar el concurso de acreedores ante la conclusión, sin alcanzar acuerdo, del plazo de cuatro meses que se dio para negociar su deuda con los bancos. Por el volumen de su pasivo, la suspensión de pagos de esta inmobiliaria es la segunda mayor de la historia de España, por detrás de la de Martinsa Fadesa.

El juez establece que se designará como administrador concursal profesional a un miembro del personal de la CNMV o la persona que el supervisor designe, y que la Agencia Tributaria será el administrador concursal acreedor “dada la especial trascendencia” del concurso.

En el auto se fija un plazo de un mes para que los acreedores de Reyal Urbis comuniquen la existencia de sus créditos. En este sentido, se subraya el “indudable y relevante interés público concurrente, tanto por el volumen de créditos titularidad de distintos órganos de la Administración Central del Estado como por el volumen de pasivo y la extensión territorial –nacional e internacional- del concurso”.

La inmobiliaria anunció que presentaría un concurso voluntario tras no haber podido alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores. Las principales entidades acreedoras del grupo son el ‘banco malo’ Sareb , Santander, el fondo Appaloosa, Popular, FMS, Caixa Geral, EuroHypo, RBS y BBVA. Además, la Hacienda Pública tiene pendiente de cobro casi 400 millones de euros.

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