Editorial

Los extranjeros regresan al ladrillo español

Los extranjeros no residentes están desempeñando en estos momentos un activo papel dentro del gris escenario de la economía española. Si la creciente afluencia de visitantes foráneos ha compensado en parte la abrupta caída del turismo nacional, la presencia de inversores de otras nacionalidades en el mercado inmobiliario vuelve a situarse en niveles anteriores a la crisis. El año pasado, algo más de 38.000 extranjeros adquirieron viviendas en España, un 28,4% más que en 2011 y apenas 3.500 menos que en 2007, antes de que estallara la crisis. El hecho de que cada uno de esos compradores pueda haber adquirido una o más viviendas hace que la cifra de inmuebles vendidos pueda también haber sido mayor. Además, cuatro de cada diez operaciones superaron los 160.000 euros de importe.

 

Los datos, que han sido hechos públicos por el Consejo General del Notariado, se explican por dos grandes razones. La primera es la sustancial rebaja de precios que se ha producido en el mercado de la vivienda, si bien con un reparto geográfico dispar. La segunda es la mejora evidente de la imagen de España en los mercados financieros y, por tanto, en la percepción de los inversores extranjeros. Los británicos y los rusos se han consolidado por volumen como los grupos de compradores más importantes. Una reactivación del mercado que el Gobierno, tal y como anunció ya hace unos meses, quiere incentivar todavía más al ligar la posibilidad de obtener el permiso de residencia en España a la compra de un inmueble.

Pese a las críticas políticas que ha suscitado la medida, datos como los conocidos ayer confirman que la demanda extranjera de viviendas en España crece a buen ritmo. Ello contrasta de forma evidente con la parálisis que sufre el sector del ladrillo dentro de nuestras fronteras, frente a una demanda interna aplastada por el peso de la crisis, un mercado de crédito que sigue sin fluir y la sombra permanente del desempleo y de la incertidumbre laboral. En un entorno como este, y dada la necesidad que tiene la economía española de digerir la sobrecarga de ladrillo, los incentivos a la inversión inmobiliaria foránea resultan una opción normativa interesante, presente también en otros ordenamientos europeos. Más allá de estas iniciativas, el factor más determinante para facilitar el regreso del capital extranjero es la mejora de la imagen de España como un país sólido, serio y solvente. En esa carrera por recuperar la confianza de los inversores, una política adecuada de reformas económicas resulta la mejor garantía de que ese capital no solo regresará, sino que también permanecerá. Ese es el gran objetivo que no solo el sector inmobiliario, sino el conjunto de España, tiene por delante.

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