Deberes realizados, retos por abordar
Si el debate sobre el Estado de la Nación del año pasado tuvo un tinte fundamentalmente económico, el de este año ha sumado también otro gran tema de preocupación en la vida pública española en este momento: los escándalos de corrupción. Pese a ello, la crisis, su diagnóstico y las recetas para su solución centraron ayer el grueso de la exposición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de buena parte de la confrontación dialéctica con los grupos de la oposición. Como era de esperar, el presidente realizó un balance de la situación económica de España y recordó la batería de medidas aprobadas por su equipo hasta el día de hoy. Al hacerlo adelantó el dato de cierre del déficit público en 2012 y lo situó “por debajo del 7%”, lo que constituye no solo un éxito indudable, sino también la evidencia del enorme esfuerzo de contención presupuestaria que España ha realizado en los últimos meses y el profundo sacrificio que ha asumido el conjunto de la ciudadanía. La caída de dos puntos del déficit público implica que la economía española ha realizado un ajuste de 21.000 millones de euros, frente a los 16.500 a los que el Gobierno se comprometió al llegar al poder. Ese titánico esfuerzo de contracción del gasto, junto a las señales de firmeza política que ha supuesto la aprobación de las reformas económicas realizadas hasta el momento y, especialmente, la contundencia del rescate del sector financiero por parte de Bruselas explican el drástico cambio de percepción de nuestro país en los mercados y la vuelta a una cierta tranquilidad en la prima de riesgo española. El respiro en la crisis de deuda se ha convertido así en un escenario inmejorable para culminar las reformas legislativas ya emprendidas e iniciar esa “segunda generación” de reformas pendiente. Una hoja de ruta que el presidente desveló en el Congreso.
Como era de esperar también, dado el alcance de la primera ola de reformas económicas, el paquete de nuevas medidas anunciadas por Rajoy tiene un recorrido menos ambicioso, aunque igualmente ineludible. Aún así, el esquema que enunció ayer incluye todavía grandes retos a abordar –la reforma eléctrica, la reforma de la Administración pública o la promulgación de la ley de emprendedores–, ésta última fundamental en un país con seis millones de trabajadores fuera del mercado laboral. El sector privado –un sector privado sin barreras normativas que dificulten su actividad– constituye la fuente natural del crecimiento económico y, por tanto, la clave de la creación de empleo. Más aún cuando España se halla inmersa en un proceso de redimensionamiento del sector público que pasa por reducir el número de organismos, de duplicidades y de personal.
Entre las medidas anunciadas por Mariano Rajoy hay, sin duda, aciertos. Es el caso de los incentivos a la creación de empleos para jóvenes, la tarifa plana a la Seguridad Social para emprendedores, la tributación reducida a las nuevas empresas, el diferimiento del pago del IVA hasta el cobro de las facturas correspondientes o las nuevas ayudas de liquidez para las empresas. Es verdad que no se vislumbra demasiado espacio para medidas de estímulo al crecimiento, tal y como reclamaba ayer la oposición, pero también lo es que España no cuenta todavía con margen presupuestario para ir mucho más allá de lo anunciado. Cuestión diferente –y de importancia vital en estos momentos– es el programa de lucha contra la corrupción que presentó el presidente. Un conjunto de medidas impecables sobre papel, pero que deben ser trasladadas con idéntico celo a la práctica, y de inmediato. Como señaló ayer con acierto el presidente del Gobierno, España no puede asumir el discurso de un país inmerso en la corrupción generalizada. Pero lo que tampoco puede hacer es limitarse a legislar contra la corrupción sin poner herramientas suficientes para garantizar el cumplimiento de esa legislación. Solo hay que echar un vistazo a la geografía política para comprobar que los países que pierden la batalla ética en la vida pública pagan un coste muy difícil de recuperar.