Cómo alquilar un piso tras un desahucio
Las entidades financieras han colgado ya en sus páginas web los inmuebles destinados al fondo social de alquiler para desahuciados y han abierto los procedimientos para que los interesados formalicen sus solicitudes y se entreguen las primeras viviendas a finales de marzo.
El fondo social de vivienda (FSV), que cuenta con casi 6.000 inmuebles, en realidad es un conjunto de fondos, ya que cada entidad constituye y gestiona su propio parque de alquileres sociales y lo destina sólo a personas que han sufrido un desalojo de su vivienda por impago de un préstamo hipotecario concedido por ese banco.
La información facilitada es dispar y varía en función del banco. De entre las entidades que más viviendas incorporan al fondo, la que aporta una información más completa es CaixaBank, que reseña el código postal, los metros cuadrados, el número de habitaciones e incluso el precio del alquiler (la única que lo hace), que oscila entre 150 y 400 euros, la horquilla fijada en el convenio de creación del fondo.
La Caixa tiene 850 viviendas en 2013, que distribuirá en convocatorias trimestrales. Para el primer trimestre del año cuenta con 200 pisos, con una superficie que oscila entre 39 y 147 metros cuadrados.
Otras, como CatalunyaBanc y Banco Sabadell dan la distribución de las viviendas por ciudad, su código postal y superficie, mientras que NCG Banco añade a estos datos también el número de habitaciones.
BBVA, que cuenta con un fondo de 900 inmuebles, únicamente facilita la población y el número de habitaciones, mientras que Bankia, que con 1.000 viviendas es la entidad que más viviendas aporta, sólo indica las provincias en las que están ubicadas, pero no el número de pisos que hay en cada una de ellas.
Las viviendas se distribuyen por toda España, aunque la gran mayoría de las que se ofrecen no están en las grandes ciudades ni en capitales de provincia.
Su reparto geográfico responde también a la implantación regional de las distintas entidades, muy concentrada en las zonas de influencia de las antiguas cajas y más dispersa en el caso de los grandes bancos o de entidades resultantes de la fusión de varias cajas.
El plazo para presentar las solicitudes para la primera asignación no es uniforme. En el caso de Sabadell y Santander está abierto hasta el próximo 15 de marzo; en NCG Banco y CaixaBank hasta el 31 de marzo, mientras que en CatalunyaCaixa y BBVA hay que formalizar la solicitud antes del 8 y el 1 del mismo mes, respectivamente.
La asignación de alquileres se hará al final de cada trimestre y los contratos de arrendamiento se firmarán antes del día 15 del segundo mes, es decir, que la primera convocatoria de 2013 se adjudica el 31 de marzo y se firma antes del 15 de mayo.
Los solicitantes tendrán que acreditar su situación social y económica y dirigirán sus solicitudes a las entidades, que evaluarán si cumplen las condiciones y las valorarán, proceso en el que contarán con la colaboración de los servicios sociales de los ayuntamientos o diputaciones provinciales.
En este sentido, las antiguas cajas han alcanzado un acuerdo dentro del comité de responsabilidad social corporativa de la CECA según el cual tendrá prioridad quien más supuestos de especial vulnerabilidad cumpla, la unidad familiar que más miembros tenga y la aquellos con menores ingresos dentro del límite de tres veces el IPREM.
Pueden optar a un alquiler quienes hayan sido desalojados de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, tengan ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y se encuentren en alguno de los supuestos definidos como de especial vulnerabilidad.
Se considera dentro de este colectivo a familias numerosas; unidades familiares monoparentales con dos hijos o más, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género.
También están incluidos deudores en paro y que hayan agotado la prestación, unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por vínculo hasta el tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave, así como aquellas en las que exista una víctima de violencia de género.
