El 22, ¿crisis de Gobierno?
El presidente del Gobierno, siempre piano, piano, cederá esta vez a la presión social, mediática y política para dar una salida a la crisis que acosa al PP por la supuesta financiación ilegal y los supuestos pagos en negro a sus dirigentes. En el debate sobre el estado de la nación hará una vasta propuesta para dar transparencia a los partidos y frenar los casos de corrupción, en la que bien estaría que escuchase a los demás, y, de inmediato, crisis de Gobierno.
El presidente del Gobierno ha mantenido durante el primer año de gestión la iniciativa política, y ha llegado a apreciar los síntomas de una recuperación, aunque solo financiera, de la economía española. Pero desde la Navidad ha perdido tal iniciativa por la irrupción del 'caso Bárcenas', que tras aflorar la evasión de capitales a Suiza ha derivado en el 'caso sobresueldos en el PP', que supuestamente implicaría no solo a quien pagaba (supuestamente Bárcenas), sino a quien cobraba y a quien permitía estos comportamientos (supuestamente toda la cúpula del PP de los últimos años, incluido el propio Mariano Rajoy).
Rajoy es partidario de que la justicia llegue hasta el final, a sabiendas de que el fional está tan lejos que el asunto se irá amortizando solo. Pero en este caso el riesgo de prolongarlo en el tiempo es mayor que el beneficio, porque el desgaste electoral del PP es muy elevado, sobre todo teniendo en cuenta que la política económica que practica el Gobierno es muy exigente con la ciudadanía y muy dolorosa para infinidad de colectivos a los que se les han subido los impuestos, recortado los derechos sociales, y no ven que este rosario tenga fin.
Por ello, la presión política externa, la mediática y la social, han desatado también la presión interna en el PP para dar una solución más pronta que dilatada al asunto. Para recuperar la iniciativa política, el presidente presentará en el debate sobre el estado de la nación un paquete de medidas contra la corrupoción (algunas insinuadas en la comunicación que registró el sábado en el Congreso), más allá de lo que ya recoge la ley de transparencia y las modificaciones en la normativa que regula los contratos del Estado y las administraciones públicas.
Pretende someter las finanzas de los partidos a la intervención general del estado, y con ellas las de todas las instituciones que reciban subvenciones de carácter público (sindicatos, patronales,etc.); pretende también modificaciones en la ley electoral, que precisan del consenso de la gran mayoría del congreso, de tal forma que al menos una parte de las listas sean abiertas para que la ciudadanía tenga más peso en la determinación de los grupos políticos parlamentarios y menos los aparatos de los partidos. Además, ofrecerá a los partidos de la oposición buscar un consenso para determinar las mejores fórmulas de financiación de los partidos.
Todas estas y otras muchas deberían ser complementadas con las aportaciones del resto de partidos, que, independientemente de que mantengan su presión al Gobierno, al PP y a Rajoy por la supuesta financiación ilegal en Génova, deberían echar el resto para llegar a un modelo que estirpe a futuro toda sombra de duda sobre la financiación de los partidos políticos.
Pero el presidente Rajoy parece que quiere dar una solución interna en el PP, donde deberían estar ya disponibles las auditorías de las cuentas, al menos la interna, y en la composición del Gobierno, en el que la presencia de Ana Mato en Sanidad es insostenible. La historia está en dónde se sitúa la línea de víctimas en el PP, puesto que, de ser ciertos los pagos publicados a sus dirigentes con supuesto dinero 'b', la citada línea tendrá que hacer vertiginosos zigzags para esquivar al propio Rajoy.
Dícese que la crisis de Gobierno será la misma tarde que termine el debate del estado de la nación, el mismo día 21, para que en el Consejo del día 22 el Gobierno esté renovado. Y por dónde pasará la raya en el Gobierno? Mato está 'muerta' políticamente, y la crisis apunta a Montoro, con una impecable gestión en materia de control del gasto y de los desvarios financieros de las comunidades autónomas, pero muy tocado por la anmistía fiscal, en la que se han colado varios delincuentes financieros, pese a que era entendible el propósito de Hacienda de aflorar bases imposibles, como otras Haciendas lo han hecho en el pasado mismamente en España. Háblase también de José Ignacio Wert por el enfrentamiento continuo con las comunidades por la reforma educativa, y hasta de la ministra de Trabajo, por los resultados de la reforma laboral.
Desde luego que de ser así, algo que me resisto a creer en el caso de Montoro y Báñez, supondría admitir que se ha hecho mal lo que era la parte más importante del programa económico del PP, cual es la reforma del mercado de trabajo y el control de las finanzas públicas. Una enmienda a la totalidad del programa Rajoy. Me cuesta creerlo.