La banca tendrá un año para reducir al 10% su participación en tasadoras

El Gobierno ampliará la cobertura del código de buenas prácticas

El pliego de enmiendas parciales registrado por el Partido Popular para modificar la ley hipotecaria prevé ampliar la cobertura del código de buenas prácticas de la banca ante desahucios a colectivos con una renta mayor y viviendas más caras que hasta ahora. Las enmiendas también recogen otras medidas como la posibilidad de que un juez reduzca la deuda pendiente de un desahuciado o más control sobre las tasadoras.

Protestas contra los desahucios en Valencia
Protestas contra los desahucios en Valencia

La batería de enmiendas parciales que el PP ha presentado a la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios recoge como principal novedad la ampliación del umbral de protección del código de buenas prácticas para la banca.

Esta hoja de ruta, diseñada para evitar el desahucio hipotecario de los colectivos más vulnerables solo logró 42 daciones en pago y 171 reestructuraciones en sus seis primeros meses de vida. Con la modificación de la ley hipotecaria, el PP busca ampliar la cobertura del código -equiparándola a los colectivos de la moratoria aprobada posteriormente- que de momento solo protege a familias con todos los miembros en paro cuyas rentas supusieran el 60% de la carga hipotecaria y se ampliará a las que cobren hasta tres veces el IPREM (unos 19.200 euros al año).

También eleva la cobertura a viviendas que superen los 250.000 euros en las grandes ciudades, más 50.000 euros adicionales por cada persona al cargo del firmante, con un máximo de tres, frente al límite de 200.000 euros marcado inicialmente. En poblaciones de hasta 100.000 habitantes se eleva el umbral a 150.000 euros más 30.000 euros por miembro al cargo.

El pliego de enmiendas también recoge el resto de medidas adelantadas por el Gobierno, como la posibilidad de que el juez reduzca la deuda del desahuciado (en un 35% si paga en cinco años o un 20%, si paga en 10).

También establece que la tasación de una vivienda subastada no sea inferior al 75% de su precio original, que participar en el proceso solo conlleve depositar un 5% del valor, y no un 20%, o que se venda por el 70% del valor si el proceso queda desierto y se trata de una vivienda habitual.

La vida de las hipotecas susceptibles de ser titulizadas se limita a 30 años, y que los intereses de demora no pueda exceder tres veces el precio del dinero (hoy en el 4%). En paralelo, se da un año a la banca para reducir su participación en tasadoras hasta un máximo del 10% y se insta a estas a reforzar su independencia de las entidades que sean clientes o accionistas.